Carta semanal del arzobispo de Valencia Don Agustín García-Gasco Vicente.
El sistema democrático otorga legitimidad a los representantes electos. Pero la democracia no es sólo un sistema de elección basado en la participación de los representados. Supone también un límite a los poderes políticos que no pueden invadir los derechos y libertades legítimas de los individuos.
Quien actúa como autoridad política ha de tener presente el fundamento de su acción, tanto si se encuentra en el gobierno como si ejerce la oposición. Hay cinco aspectos fundamentales que hacen moralmente legítima la actuación pública: desarrollar la defensa y promoción del bien conjunto de los ciudadanos; respetar los derechos humanos de todos sin exclusiones ni discriminaciones; favorecer el ejercicio responsable de la libertad y de la solidaridad de los ciudadanos; proteger las instituciones fundamentales de la vida humana, como son la familia y las asociaciones cívicas; colaborar con las realidades sociales que favorecen el bienestar material y espiritual de los ciudadanos, entre las que destacan las comunidades religiosas.
La excelencia de la vida política se encuentra en el servicio al bien común que de modo principal realizan los políticos. Por el contrario, el deterioro de la democracia se produce cuando las instituciones políticas centran el objetivo real de sus actuaciones en el bien particular de un grupo, de un partido o de una determinada clase de personas, al servicio del cual tratan de conseguir el poder y de perpetuarse en él. En estos casos se desarrollan ideologías oficiales para justificar sus intereses, y echan cortinas de humo sobre el concepto del bien común, para desarrollar un relativismo moral que ofrece falsas excusas a cualquier actuación.
Frente a esta trampa dialéctica, la Iglesia recuerda con realismo que cualquier persona de buena voluntad es capaz de distinguir entre el bien y el mal, así como entre el bien común y el individual. El bien común es mucho más que la suma de los bienes particulares de cada uno, porque es de todos y de cada persona: permanece común porque es indivisible y porque sólo juntos es posible alcanzarlo y acrecentarlo con miras al futuro.
La responsabilidad de los padres y madres de familia por mejorar la vida de sus hijos es un modelo para comprender el trabajo por el bien común, que sigue siendo elocuente para la buena política. El bien común es una invitación a actuar desde la inteligencia, la objetividad y la responsabilidad. Hoy, en España, esta invitación es urgente si queremos considerar y valorar el momento presente con sereno realismo y con sincero espíritu de reconciliación y tolerancia, libres de los fantasmas de otras épocas. Así lo acabamos de recordar los Obispos en el documento sobre las Orientaciones morales ante la situación actual de España.
La defensa del bien común conlleva la denuncia de quienes lo atacan, especialmente cuando no se respeta el recto funcionamiento de las diferentes instituciones. Para la garantía de la libertad y de la justicia es especialmente importante el pleno respeto de la autonomía del poder judicial, de la libertad de los jueces y de sus sistemas de elección y designación. Al poder judicial le corresponde la alta responsabilidad de juzgar las actuaciones de los ciudadanos desde criterios objetivos e independientes, que preserven los valores fundamentales de la convivencia. Si se quiere subordinar su función a las premisas políticas oportunistas, se pone en grave peligro la paz social.
Perjudican la convivencia democrática aquellos que desde la esfera política pretenden invadir todos los órdenes de la vida y desarrollar un intervencionismo asfixiante en contra de ámbitos de decisión que corresponden a las personas y a sus familias. Cuando el Estado se auto proclama el primer educador de las conciencias, existen graves riesgos de que se deslice hacia la amenaza totalitaria capaz de penetrar hasta en los ámbitos más íntimos y personales.
La calidad de la democracia exige compromiso con el bien común. La Iglesia no puede dejar de animar a los católicos para que participen en todas las jornadas electorales desde la libertad y la responsabilidad para hacer de la política un auténtico servicio a favor de las personas.
Con mi bendición y afecto,
Agustín García-Gasco Vicente
Arzobispo
Mejorar la democracia
Publicada en «Paraula-Iglesia en Valencia» el 27 de mayo de 2007
El sistema democrático otorga legitimidad a los representantes electos. Pero la democracia no es sólo un sistema de elección basado en la participación de los representados. Supone también un límite a los poderes políticos que no pueden invadir los derechos y libertades legítimas de los individuos.
Quien actúa como autoridad política ha de tener presente el fundamento de su acción, tanto si se encuentra en el gobierno como si ejerce la oposición. Hay cinco aspectos fundamentales que hacen moralmente legítima la actuación pública: desarrollar la defensa y promoción del bien conjunto de los ciudadanos; respetar los derechos humanos de todos sin exclusiones ni discriminaciones; favorecer el ejercicio responsable de la libertad y de la solidaridad de los ciudadanos; proteger las instituciones fundamentales de la vida humana, como son la familia y las asociaciones cívicas; colaborar con las realidades sociales que favorecen el bienestar material y espiritual de los ciudadanos, entre las que destacan las comunidades religiosas.
La excelencia de la vida política se encuentra en el servicio al bien común que de modo principal realizan los políticos. Por el contrario, el deterioro de la democracia se produce cuando las instituciones políticas centran el objetivo real de sus actuaciones en el bien particular de un grupo, de un partido o de una determinada clase de personas, al servicio del cual tratan de conseguir el poder y de perpetuarse en él. En estos casos se desarrollan ideologías oficiales para justificar sus intereses, y echan cortinas de humo sobre el concepto del bien común, para desarrollar un relativismo moral que ofrece falsas excusas a cualquier actuación.
Frente a esta trampa dialéctica, la Iglesia recuerda con realismo que cualquier persona de buena voluntad es capaz de distinguir entre el bien y el mal, así como entre el bien común y el individual. El bien común es mucho más que la suma de los bienes particulares de cada uno, porque es de todos y de cada persona: permanece común porque es indivisible y porque sólo juntos es posible alcanzarlo y acrecentarlo con miras al futuro.
La responsabilidad de los padres y madres de familia por mejorar la vida de sus hijos es un modelo para comprender el trabajo por el bien común, que sigue siendo elocuente para la buena política. El bien común es una invitación a actuar desde la inteligencia, la objetividad y la responsabilidad. Hoy, en España, esta invitación es urgente si queremos considerar y valorar el momento presente con sereno realismo y con sincero espíritu de reconciliación y tolerancia, libres de los fantasmas de otras épocas. Así lo acabamos de recordar los Obispos en el documento sobre las Orientaciones morales ante la situación actual de España.
La defensa del bien común conlleva la denuncia de quienes lo atacan, especialmente cuando no se respeta el recto funcionamiento de las diferentes instituciones. Para la garantía de la libertad y de la justicia es especialmente importante el pleno respeto de la autonomía del poder judicial, de la libertad de los jueces y de sus sistemas de elección y designación. Al poder judicial le corresponde la alta responsabilidad de juzgar las actuaciones de los ciudadanos desde criterios objetivos e independientes, que preserven los valores fundamentales de la convivencia. Si se quiere subordinar su función a las premisas políticas oportunistas, se pone en grave peligro la paz social.
Perjudican la convivencia democrática aquellos que desde la esfera política pretenden invadir todos los órdenes de la vida y desarrollar un intervencionismo asfixiante en contra de ámbitos de decisión que corresponden a las personas y a sus familias. Cuando el Estado se auto proclama el primer educador de las conciencias, existen graves riesgos de que se deslice hacia la amenaza totalitaria capaz de penetrar hasta en los ámbitos más íntimos y personales.
La calidad de la democracia exige compromiso con el bien común. La Iglesia no puede dejar de animar a los católicos para que participen en todas las jornadas electorales desde la libertad y la responsabilidad para hacer de la política un auténtico servicio a favor de las personas.
Con mi bendición y afecto,
Agustín García-Gasco Vicente
Arzobispo
