S?bado, 23 de junio de 2007
Los Obispos de Espa?a se han vuelto a pronunciar sobre la Ley Org?nica de Educaci?n (LOE) al termino de la reuni?n de la Comisi?n Permanente de la Conferencia Episcopal Espa?ola (CEE) celebrada del 19 al 21 de junio.


Nueva declaraci?n sobre la Ley Org?nica de Educaci?n (LOE)
y sus desarrollos: profesores de Religi?n y "Ciudadan?a"


Madrid, 20 de junio de 2007



1. El pasado 28 de febrero esta Comisi?n Permanente hizo p?blica una Declaraci?n titulada La Ley Org?nica de Educaci?n (LOE), los Reales Decretos que la desarrollan y los derechos fundamentales de padres y escuelas. All? manifest?bamos y explic?bamos por qu? esta nueva legislaci?n no regula la ense?anza de la Religi?n de modo que queden a salvo los derechos de todos y, tambi?n, por qu? los derechos que asisten a los padres en la educaci?n de sus hijos resultan vulnerados tanto en el campo de la determinaci?n de la educaci?n moral que desean para ellos, como en el de la libre elecci?n de centro educativo. Dicha Declaraci?n conserva plenamente su vigencia.

2. Acontecimientos recientes nos exigen volver a hablar sobre algunos asuntos tratados ya el 28 de febrero, en concreto, sobre el nuevo estatuto laboral de los profesores de Religi?n y sobre la asignatura de nueva implantaci?n llamada ?Educaci?n para la ciudadan?a?.

I. El estatuto laboral de los profesores de Religi?n cat?lica

3. El 9 de junio de 2007 se public? el Real Decreto de 1 de junio por el que se regula la relaci?n laboral de los profesores de religi?n. Las preocupaciones que manifest?bamos al respecto en nuestra Declaraci?n de febrero se han mostrado, por desgracia, fundadas. Como suced?a ya con la LOE, el Real Decreto, que ahora conocemos, ?asimila la situaci?n laboral de los profesores de Religi?n en las escuelas estatales ?seg?n dec?amos entonces de la Ley? a las formas contractuales generales reguladas por el Estatuto de los Trabajadores, sin reconocer satisfactoriamente el car?cter espec?fico de su trabajo, derivado de la misi?n can?nica que les encomienda la ense?anza de la religi?n y moral cat?lica?.

4. El Real Decreto introduce tres elementos nuevos que exigen una valoraci?n diferenciada. En primer lugar, establece que el contrato laboral de los profesores ser? de duraci?n indefinida. En segundo lugar, prev? como causa de extinci?n del contrato ?la revocaci?n ajustada a derecho de la acreditaci?n o de la idoneidad para impartir clases de religi?n por parte de la Confesi?n religiosa que la otorg?. En tercer lugar, el acceso al destino concreto ?colegio o escuela? queda en manos de la Administraci?n, seg?n los criterios estimados por ella como adecuados.

5. Es positivo que el contrato laboral de los profesores de religi?n sea de duraci?n indefinida. Los beneficios laborales que ello comporta hacen justicia a su labor y contribuyen a dignificar su importante misi?n, que es misi?n de la Iglesia. Desde hace muchos a?os la Conferencia Episcopal, en di?logo con las diversas Administraciones, no ha escatimado esfuerzos para mejorar el estatuto laboral y econ?mico de los profesores de religi?n. Los obispos seguir?n interes?ndose vivamente por todo ello.

6. La dignidad del trabajo del profesor de religi?n, adem?s de unas condiciones laborales justas, exige tambi?n las garant?as legales de su perfil espec?fico, es decir: el de una docencia que imparte la religi?n y moral cat?lica a quienes han solicitado libremente estas ense?anzas. Sin tales garant?as legales, el trabajo del profesor de religi?n perder?a su identidad y quedar?a expuesto a riesgos de todo tipo, incluido el de su eventual desaparici?n. Por eso, hemos de manifestar nuestra disconformidad con las otras dos novedades que introduce el Real Decreto.

7. Primero, el Real Decreto no ignora del todo que la autoridad de la Iglesia cat?lica ?como, en su caso, la de la Confesi?n que corresponda? sea la instancia competente para garantizar la idoneidad de los profesores de religi?n y moral cat?lica. Sin embargo, tal autoridad no es reconocida de manera suficiente para que le sea posible ejercer sus competencias de modo seguro. La mera invocaci?n de una ?revocaci?n ajustada a derecho? (art. 7) ?sin aclarar a qu? derecho se refiere? puede restringir indebidamente la competencia del Obispo para retirar la idoneidad cuando tenga que hacerlo en virtud de las previsiones del ordenamiento jur?dico de la Iglesia (v?ase el canon 804). La Constituci?n declara que ?los tratados internacionales v?lidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en Espa?a, formar?n parte del ordenamiento interno? (art. 96). Por tanto, podremos seguir actuando seg?n los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado espa?ol, que no ceden ante un Real Decreto ni ante una ley ordinaria, como la correspondiente Disposici?n adicional de la LOE.

8. Hay que recordar, en concreto, que, en conformidad con el Acuerdo sobre Ense?anza (v?ase art?culo VI), y seg?n la doctrina del Tribunal Constitucional, ?la apreciaci?n del Ordinario acerca de si un profesor imparte o no recta doctrina y si da o no testimonio de vida cristiana es inmune, en su n?cleo, al control de los Tribunales? (Sentencia de 15 de febrero de 2007). En un ordenamiento inspirado por el principio de libertad religiosa, los motivos de ?ndole religiosa por los que un profesor puede perder su idoneidad como docente de la religi?n y moral cat?lica no son susceptibles de evaluaci?n por las leyes y por los tribunales civiles. Adem?s, el Acuerdo establece que la designaci?n de estos profesores ha de realizarse, de entre los propuestos por el Ordinario, ?para cada a?o escolar? (Art. III). Este mandato legal es compatible con un contrato laboral de duraci?n indefinida, y permite al Obispo garantizar la idoneidad del profesorado en cada momento. Por eso, los obispos seguir?n haciendo la preceptiva propuesta de los profesores que consideran id?neos para cada a?o escolar.

9. Segundo, es necesario aclarar que el destino de los profesores a un puesto determinado forma parte de la misi?n de ense?ar religi?n cat?lica, misi?n que el Obispo no da en abstracto o de modo gen?rico, sino teniendo en cuenta las circunstancias concretas de lugar y personas. ?sa ha sido la praxis constante en la interpretaci?n de los Acuerdos, que ha sido corroborada por el Tribunal Supremo (v?ase la Sentencia de 29 de septiembre de 2004).

10. En suma, pensamos que el Real Decreto de 1 de junio de 2007, publicado el 9 de junio, regulador de la relaci?n laboral de los profesores de religi?n, no cumple el Acuerdo sobre Ense?anza entre el Estado Espa?ol y la Santa Sede, por el que se hace efectivo para los cat?licos en este campo el derecho de libertad religiosa reconocido de modo gen?rico por la Constituci?n Espa?ola, y no se ajusta a la jurisprudencia establecida al respecto por el Tribunal Supremo y por el Tribunal Constitucional. No podemos excluir que sea necesario ejercer las acciones legales oportunas para que sea respetado el ordenamiento jur?dico vigente, que tutela los derechos de todos.

II. ?Educaci?n para la ciudadan?a?

11. La LOE ha introducido en el sistema educativo espa?ol una nueva asignatura obligatoria, conocida como ?Educaci?n para la ciudadan?a?, cuyo objetivo, tal como resulta articulada en los Reales Decretos, es la formaci?n de la conciencia moral de los alumnos. La publicaci?n de las correspondientes disposiciones de las Comunidades aut?nomas y de algunos manuales de la materia ha venido a confirmar que ?se es el objetivo de la nueva asignatura. En nuestra Declaraci?n del 28 de febrero expusimos los motivos por los que tal disposici?n implica una lesi?n grave del derecho originario e inalienable de los padres y de la escuela, en colaboraci?n con ellos, a elegir la formaci?n moral que deseen para sus hijos. Se trata de un derecho reconocido por la Constituci?n Espa?ola (art. 27, 3). El Estado no puede suplantar a la sociedad como educador de la conciencia moral, sino que su obligaci?n es promover y garantizar el ejercicio del derecho a la educaci?n por aquellos sujetos a quienes les corresponde tal funci?n, en el marco de un ordenamiento democr?tico respetuoso de la libertad de conciencia y del pluralismo social. En cambio, con la introducci?n de la ?Educaci?n para la ciudadan?a? de la LOE ?tal como est? planteada en los Reales Decretos? el Estado se arroga un papel de educador moral que no es propio de un Estado democr?tico de Derecho. Hablamos de esta ?Educaci?n para la ciudadan?a?. Otra diferente, que no hubiera invadido el campo de la formaci?n de la conciencia y se hubiera atenido, por ejemplo, a la explicaci?n del ordenamiento constitucional y de las declaraciones universales de los derechos humanos, hubiera sido aceptable e incluso, tal vez, deseable.

12. Las disposiciones de la LOE y de sus desarrollos sobre ?Educaci?n para la ciudadan?a? han causado una creciente y comprensible preocupaci?n en los padres de alumnos. Tambi?n han puesto en dificultades a los centros educativos. Por un lado, los centros cat?licos o inspirados en la doctrina cat?lica se ver?an obligados por la Ley a introducir en su programaci?n una asignatura que no resulta coherente con su ideario, puesto que ?seg?n el actual curr?culo? no es conforme con la Doctrina Social de la Iglesia, tanto por su car?cter de formaci?n estatal obligatoria de las conciencias como por sus contenidos. Por otro lado, los centros educativos del Estado, perdiendo su obligada neutralidad ideol?gica, impondr?n a quienes han optado por la religi?n y moral cat?lica otra formaci?n moral no elegida por ellos, sin que ?stos puedan gozar de la protecci?n que el car?cter propio otorga a quienes estudian en centros de iniciativa social cat?lica. En los centros estatales estudian la mayor parte de los hijos de padres cat?licos. En cualquier caso, todos los alumnos, cat?licos o no, quedan afectados en sus derechos, ya que a ninguno se le puede imponer una formaci?n moral no elegida por ?l o por sus padres: ?ni una supuestamente mayoritaria, ni la cat?lica, ni ninguna otra? (Declaraci?n de 28 febrero).

13. En esta situaci?n, se han planteado muchas dudas acerca del modo adecuado de responder a tal desaf?o. En nuestra Declaraci?n de febrero hemos exhortado a todos a actuar de modo responsable y comprometido ante una asignatura inaceptable tanto en la forma como en el fondo. Los medios concretos de actuaci?n de los que disponen los padres y los centros educativos son diversos. No hemos querido ni queremos mencionar ninguno en particular. Deseamos, en cambio, recordar que la gravedad de la situaci?n no permite posturas pasivas ni acomodaticias. Se puede recurrir a todos los medios leg?timos para defender la libertad de conciencia y de ense?anza, que es lo que est? en juego. Los padres har?n uso de unos medios y los centros, de otros. Ninguno de tales medios leg?timos puede ser excluido justamente en ninguno de los centros en los que se plantea este nuevo desaf?o: ni en los centros estatales ni en los de iniciativa social.

Cuando est? en cuesti?n un derecho tan fundamental, como el de la libertad de conciencia y de ense?anza, todos ?y los cat?licos, en particular? debemos mostrarnos unidos en su defensa.

Confiamos de nuevo a Mar?a, Madre de la Iglesia, la tarea de todos los educadores, en particular de los padres y de las escuelas.
Publicado por verdenaranja @ 1:17  | Hablan los obispos
Comentarios (0)  | Enviar
Comentarios