Martes, 09 de mayo de 2006
Madrid, 8 de noviembre de 1995

A los se?ores Obispos miembros de la Conferencia Episcopal Espa?ola

Querido hermano:

En el curso de la reuni?n que en esta ma?ana est? teniendo el Comit? Ejecutivo de nuestra Conferencia Episcopal, se han considerando aquellos casos de sacerdotes y religiosos que han sido seleccionados para formar parte del Tribunal del Jurado.

El Comit? Ejecutivo estima que existen serias razones pastorales y s?lidos argumentos jur?dico-can?nicos para rehusar esta prestaci?n.

Por ello, consciente de que el plazo de alegaciones finaliza el pr?ximo d?a 15, env?o por fax a V.E. dos formularios de recurso, uno destinado a los sacerdotes y otro utilizable en el caso de religiosos no cl?rigos y de religiosas. La argumentaci?n de la Junta de Asuntos Juridicos, tigura en sendos informes de dos de sus miembros, que env?o tambi?n a V.E. en esta misma ma?ana, en este caso por correo electr?nico.

Con la esperanza de que los posibles recursos sean tenidos en cuenta por los jueces decanos de cada circunscripci?n, aprovecho la ocasi?n para saludar a V.E. muy cordialmente.

Afmo. en el Se?or.



+ JOS? S?NCHEZ GONZ?LEZ
Obispo de Siguenza-Guadalajara
Secretario de la Conferencia Episcopal Espa?ola




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CONFERENCIA EPISCOPAL ESPA?OLA
JUNTA DE ASUNTOS JUR?DICOS

Borrador para el recurso contra el sorteo para jurado
(PARA SACERDOTES)



..........................................................................................,conDNI

n?............................ , vecino de ......................................................

con domicilio en...............................................................................,

como mejor proceda en derecho, ante V.I.,

EXPONE:

1.? Que, mediante notificaci?n de la Audiencia Provincial de ...........................(Rfa. Ley del Jurado, n? del Censo (Rfa. CPI) ............................ ). se le ha hecho sabedor de haber sido designado candidato a Jurado para el pr?ximo a?o de 1996.

2.? Que concurren en su caso varias causas que le hacen imposible y consecuentemente le excusan leg?timamente del desempe?o de la funci?n de jurado, como son las siguientes:

Primera: Ser sacerdote cat?lico, como se prueba por el certificado que se adjunta al presente escrito.

Segunda: En consecuencia, su estatuto personal le proh?be, a tenor del Derecho Can?nico, ejercer la funci?n de jurado, ya que el canon 285 ? 3 del vigente C?digo de Derecho Can?nico le proh?be terminantemente aceptar aquellos cargos p?blicos que llevan consigo una participaci?n en el ejercicio de la potestad civil. Es obvio que ser miembro del jurado lleva consigo una participaci?n en el ejercicio de la potestad civil en virtud de los art?culos 117 y 125 de la Constituci?n espa?ola.

Tercera: Como consecuencia de su condici?n de sacerdote de la Iglesia cat?lica, est? obligado sever?isimamente, a tenor del canon 984 del citado C?digo de Derecho Can?nico, a guardar estricto secreto acerca de los conocimientos adquiridos en el ejercicio del ministerio de o?r confesiones. Esta obligaci?n entrar?a en conflicto con su actuaci?n como jurado, ya que puede haber o?do en confesi?n a la persona que se juzga o a algunos de sus familiares o personas que puedan estar implicadas en el hecho delictivo sobre el que tiene que emitir veredicto. Esta posibilidad no puede excluirse, ni puede probarse que no se haya dado ese hecho, al estar el ministerio de o?r confesiones abierto a todas las personas.

Entendemos que se encuentra aqu? la raz?n de las excepciones contempladas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en sus art?culos 263, 417 y 707.

Cuarta: Su condici?n de sacerdote le proh?be, en conciencia, actuar como jurado, ya que la misi?n del sacerdote no es otra que ser signo e instrumento de paz, de reconciliaci?n y de perd?n, y no ser nunca juzgador de sus hermanos.

3.? En la alegaci?n de estas causas y prohibiciones le amparan, entre otros, los siguientes fundamentos jur?dicos:

Primero: El reconocimiento del libre ejercicio de la misi?n de la Iglesia y en particular de su jurisdicci?n1 tal como qued? estipulado en el art?culo 1.? del Acuerdo entre el Estado espa?ol y la Santa Sede sobre Asuntos Jur?dicos de 3 de enero de 1979, con rango de Tratado Internacional, a tenor del art?culo 96,1 de nuestra Constituci?n, y como lo ha declarado el Tribunal Constitucional en su Sentencia 66/1982 de 2 de noviembre, que afecta de manera singular el estatuto jur?dico de sus ministros.

Segundo: La jurisdicci?n antes mencionada de la Iglesia cat?lica obtiene tambi?n su reconocimiento en virtud del articulo 6,1 de la Ley Org?nica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa, en el que se establece que las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas inscritas tendr?n plena autonom?a y podr?n establecer sus propias normas de organizaci?n, r?gimen interno y r?gimen de su personal.

Tercero: Por aplicaci?n an?loga, perfectamente razonable y obvia, debe reconocerse la incompatibilidad de los sacerdotes con la funcion de jurado, como se ha reconocido esa incompatibilidad con el modo de cumplir con la obligaci?n del servicio militar, en cuanto que se les exime de realizar misiones que sean incompatibles con su estado, de conformidad con el Derecho Can?nico. As? ha quedado regulado por el Acuerdo entre el Estado espa?ol y la Santa Sede de 3 de enero de 1979 sobre la asistencia religiosa a las fuerzas armadas y el servicio militar de cl?rigos y religiosos, articulo 5,3, y por la Orden Ministerial 38/1985, de 24 de junio, por la que se regula el servicio militar de cl?rigos y religiosos, art?culo 5.

Cuarto: Finalmente, es de aplicaci?n el art?culo 16,1 de la Constituci?n espa?ola, en relaci?n con el art?culo 10,2 del mismo texto legal, con referencia al articulo 19 de la Declaraci?n Universal de Derechos Humanos (New York, 10-12-1948) y al art?culo 9 del Convenio para la protecci?n de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales (Roma, 4-11-1950), en cuanto que, a tenor de los mismos, cabe presentar objeci?n de conciencia a cumplir con la funci?n de jurado, por las razones antes aducidas, seg?n doctrina de nuestro Tribunal Constitucional que, en su Sentencia 53/1985, de 11 de abril, declara que la objeci?n de conciencia forma parte del derecho fundamental a la libertad ideol?gica y religiosa, y ser nuestra Constituci?n directamente aplicable en materia de derechos fundamentales. La doctrina que comenta la Ley Org?nica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado hace menci?n expresa a esta posibilidad jur?dica: cf. J.A. Tom? Garc?a, en A. de la Oliva y otros, Derecho Procesal Penal, Madrid 1995, p. 860.

Quinto: El hecho, en alguna manera sorprendente, de no estar los sacerdotes cat?licos y los ministros de otras religiones entre las personas que la ley del Tribunal del Jurado, en sus art?culos 10-12, declara tener incompatibilidad, prohibici?n o excusa para formar parte del jurado, quiz?s se deba a que el mismo legislador no lo estim? necesario al existir legislaci?n de rango superior, tal como lo hemos expuesto, de la que se deduce que no puede ejercer esa funci?n.

Teniendo en cuenta las razones expuestas y los fundamentos legales para ser alegadas.

SUPLICA que, a tenor del articulo 12,7 de la Ley Org?nica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, se digne dar por presentadas y aceptadas estas excusas en orden a ser excluido de la lista de designados para el Jurado a la que hace menci?n la notificaci?n recibida de la Audiencia Provincial.
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