Martes, 23 de mayo de 2006
LA COLABORACI?N DEL ESTADO CON LA IGLESIA


El art?culo 16 de la Constituci?n de 1978 establece que los poderes p?blicos ?mantendr?n las consiguientes relaciones de cooperaci?n con la Iglesia Cat?lica y las dem?s confesiones?. La firma, en enero de 1979, del Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Espa?ol sobre Asuntos Econ?micos obedece a este precepto. Se trata de un tratado internacional a todos los efectos, constitucional y refrendado por las Cortes espa?olas en octubre de 1979 con abrumadora mayor?a (273 votos a favor en el Congreso y ning?n voto en contra en el Senado). El acuerdo establece que ?el Estado se compromete a colaborar con la Iglesia Cat?lica en la consecuci?n de su adecuado sostenimiento econ?mico, con respeto absoluto del principio de libertad religiosa? (art II.1). En funci?n de esto, se globaliz? en una ?nica cantidad las distintas ayudas que percib?a la Iglesia para su sostenimiento b?sico y se estableci? un periodo de tres a?os para implantar el sistema de la asignaci?n tributaria. De esta forma, ser?an los contribuyentes los que decidir?an qu? se hace con una peque?a parte de los impuestos que pagan. Por distintas razones, la asignaci?n tributaria no se implanta hasta mayo de 1988, es decir, con seis a?os de retraso. Adem?s, su desarrollo se realiza de manera unilateral por el gobierno del momento, estableciendo un porcentaje claramente insuficiente (el 0,5239%) y una alternativa (?otros fines de inter?s social?) que no estaba prevista
en los acuerdos y que desvirtu? el sistema. A?n as?, el Acuerdo establec?a dos cautelas importantes. En primer lugar, un nuevo periodo transitorio, donde el sistema de asignaci?n fuera sustituyendo progresivamente a la aportaci?n del Estado. Una segunda cautela, muy importante, indicaba que el sistema deb?a proporcionar a la Iglesia ?recursos de cuant?a similar?, por lo que la dotaci?n a la Iglesia, durante este periodo, deber?a ser ?actualizada anualmente?. Este segundo periodo transitorio, de tres a?os, tendr?a que haber supuesto que en 1991, se hubiera establecido un sistema basado en la asignaci?n tributaria, que fuera capaz de proporcionar la citada ?cuant?a similar? acordada y que permitiera la desaparici?n del complemento presupuestario. No ha sido as?. En los 15 a?os trascurridos se ha dialogado aunque, por muy distintas razones y con distintos gobiernos, no se ha conseguido dar este paso. De hecho, en todos estos a?os y a pesar de que el coeficiente se demostr? insuficiente (no se ha variado el 0,5239%), el complemento ha ido descendiendo, tanto por el incremento de la asignaci?n tributaria como porque la actualizaci?n no se ha realizado teniendo en cuenta la inflaci?n real. ?nicamente, merece la pena destacar el paso dado en el a?o 2000 consistente en la separaci?n o compatibilidad entre la asignaci?n a favor de la Iglesia y la asignaci?n a otros fines. Gracias a ello, hoy los contribuyentes pueden optar por marcar ambas opciones, sin que ello suponga una disminuci?n del dinero que asignan a la Iglesia.


?En qu? situaci?n estamos ahora?
Actualmente est? vigente una pr?rroga del sistema por un a?o. Hay un compromiso por ambas partes de buscar una soluci?n, que, necesariamente en el marco de los acuerdos, pasa por establecer un sistema estable de colaboraci?n del Estado basado en la asignaci?n tributaria y la desaparici?n del complemento. En todo caso, habr? que tener en cuenta los compromisos previstos en el Acuerdo. A nivel t?cnico existe buena disposici?n por ambas partes.

El dinero procedente de la colaboraci?n del Estado con la Iglesia (12 millones de euros al mes) supone una parte peque?a (aunque necesaria) de los recursos de que disponen las Di?cesis para su sostenimiento b?sico. Aunque no hay datos exactos, dado que cada Di?cesis mantiene una administraci?n separada, se estima que este sistema puede suponer entre el 25 y el 30% del total de los gastos de mantenimiento de las Di?cesis. El resto proviene, fundamentalmente, de la aportaci?n directa de los fieles. No obstante, la dependencia de la asignaci?n tributaria aumenta en las zonas rurales m?s desfavorecidas de nuestro pa?s.

La aportaci?n de la Iglesia a la sociedad es evidente y justifica plenamente la colaboraci?n de los poderes p?blicos. La demanda de los ciudadanos de servicios religiosos (m?s de 7 millones de personas acuden cada domingo a Misa en Espa?a, 150.000 parejas se casan en la Iglesia, etc.) justifican por s? solos, la colaboraci?n del Estado. Adem?s, el sostenimiento de la Iglesia le permite a sus instituciones desplegar una important?sima labor social : m?s de 2.400.000 personas atendidas cada a?o en centros sociales de la Iglesia (residencias de ancianos, ambulatorios, rehabilitaci?n de toxic?manos, enfermos de sida...). Por ejemplo, s?lo teniendo en cuenta las cifras de Caritas, se invierten en acci?n social 160 millones de euros al a?o. Pero para que todo esto pueda tener lugar, la Iglesia tiene que poder vivir su fe, anunciarla y expresarla en libertad.En resumen, la asignaci?n tributaria constituye un buen instrumento de colaboraci?n y compromiso con la Iglesia tanto para los creyentes, por razones obvias, como para aquellos que no comulgando con la fe cat?lica entienden, comprenden y valoran la aportaci?n de la Iglesia a la sociedad.

(La Raz?n, 5 de mayo 2006)
Publicado por verdenaranja @ 23:27  | Noticias Nacionales
Comentarios (0)  | Enviar
Comentarios