Martes, 06 de febrero de 2007
En el marco del 44? Curso de Rectores organizado por el CONSUDEC, la Comisi?n Episcopal de Educaci?n Cat?lica de la Conferencia Episcopal Argentina ha difundido la declaraci?n "La Iglesia y la ley de educaci?n nacional"

La participaci?n de la Iglesia en la consulta

1. La Comisi?n Episcopal de Educaci?n Cat?lica de la Conferencia Episcopal Argentina, con motivo de la reciente sanci?n de la Ley de Educaci?n Nacional (26.206/2006) y promulgada por el Presidente de la Naci?n (Dto.1938/2006), considera importante hacer algunas reflexiones.

2. Tal como lo hicieron muchos otros sectores de la sociedad argentina, la Comisi?n Episcopal de Educaci?n Cat?lica, el Consejo Superior de Educaci?n Cat?lica y sus Instituciones educativas de todas las jurisdicciones del pa?s, adem?s de numerosas instituciones eclesiales y laicales de padres de familia y alumnos vinculados a ellas, han respondido activa y responsablemente a la convocatoria del gobierno, participando en la elaboraci?n de las propuestas que, seg?n nuestras convicciones, deb?an ser incorporadas en la nueva Ley.

3. La Iglesia Cat?lica en la Argentina valora grandemente todo lo referente a la educaci?n por su centralidad en la vida humana y es consciente de que cualquier norma ser? letra muerta si no se produce un compromiso de acci?n positiva y concurrente de todos los actores. Por ello, queremos invitar vivamente a los padres de familia, a los docentes y directivos, a los alumnos, al personal de gesti?n y de apoyo, a los comunicadores sociales y a los distintos niveles de gobierno a asumir el compromiso para un renovado y eficaz esfuerzo por la educaci?n argentina.


Valoraci?n de la nueva Ley


4. Consideramos importante, entre otros aspectos, que el texto normativo sostenga que la educaci?n es un bien p?blico y un derecho personal y social. En consecuencia, reconoce a la familia como agente natural y primario de la educaci?n y, entre sus derechos, el de elegir para sus hijos la instituci?n educativa cuyo ideario responda a sus convicciones ?ticas, filos?ficas o religiosas.

5. Este derecho natural e inalienable sustenta el derecho educativo de la Sociedad y del Estado, y la responsabilidad principal e indelegable del Estado en la pol?tica educativa y la organizaci?n de la educaci?n.

6. Establece, en consecuencia, la existencia de un solo sistema educativo nacional integrado por los servicios educativos de gesti?n estatal y privada; reconoce sus derechos y estipula sus obligaciones y su participaci?n en el Consejo Consultivo de Pol?ticas Educativas.

7. Afirma igualmente que el fin de la educaci?n consiste en la formaci?n integral de la persona en todas sus dimensiones, de lo que se infiere est? impl?cita la dimensi?n religiosa, aunque no se la enuncia expresamente. Nuestra legislaci?n precedente en materia educativa s? la reconoc?a en forma expl?cita (Ley 1420 art. 8 y Ley Federal de Educaci?n, 24195 art. 6).

8. Para construir nuestro presente y nuestro futuro com?n es necesario que la aplicaci?n de los principios generales de la nueva ley tome en cuenta siempre el criterio del servicio a una educaci?n integral de la persona, incluyendo su espiritualidad y su fe religiosa, con un horizonte solidario, de libertad, de b?squeda de la verdad, de fraterna aceptaci?n inclusiva, de superaci?n de preconceptos y de vocaci?n patri?tica.

9. La nueva Ley de Educaci?n incluye aspectos, acciones e innovaciones que se estiman de suma importancia para atender a las necesidades que plantea la situaci?n actual de nuestro sistema educativo. Entre ellos destacamos el priorizar la educaci?n como pol?tica de Estado, la extensi?n de la obligatoriedad, la doble escolaridad, las pol?ticas referidas a la calidad y jerarquizaci?n de la formaci?n docente, el reconocimiento de la libertad de opciones educativas, la prioridad por los sectores m?s desfavorecidos, y el compromiso de financiamiento de la educaci?n como bien p?blico.

10. Vemos con agrado la creaci?n de un Instituto Nacional de Formaci?n Docente responsable de planificar, ejecutar y articular pol?ticas del sistema de formaci?n docente inicial y continuo, y la creaci?n de un Consejo Consultivo que garantice la participaci?n de los sectores representativos de la comunidad en la definici?n de pol?ticas de formaci?n docente.

11. Es loable el esfuerzo puesto en incrementar el presupuesto educativo que, para no afectar principios constitucionales que nadie discute, debe ser asignado con criterios de justicia social, tomando particularmente en cuenta a quienes menos tienen.

12. Con la finalidad de no afectar la plena libertad de ense?ar y aprender y la igualdad de oportunidades que garantiza la Constituci?n Nacional, corresponde que las autoridades educativas aseguren tambi?n a las instituciones de gesti?n privada el acceso a fondos que disponen el propio Estado u Organismos Nacionales o Internacionales destinados a resolver situaciones de desigualdad y a mejorar la calidad educativa.

13. Consideramos necesario avanzar para que el principio de igualdad de oportunidades en el acceso a la educaci?n sea real tambi?n para los padres de escasos recursos que quieran optar por establecimientos educativos cuyo ideario responda a sus propias creencias y convicciones. Tal principio est? condicionado cuando el aporte estatal es s?lo para salarios docentes, pues les exige una erogaci?n claramente discriminatoria.

14. El efectivo reconocimiento de este derecho exige tambi?n, para su concreci?n, la oferta diversificada de institutos de educaci?n p?blica, ya sean de gesti?n estatal o privada. A tal fin nos parece importante recordar que: ?La educaci?n es para todos, y todos tienen derecho a iguales oportunidades. Corresponde al Estado, sobre la base del principio de justicia distributiva, financiar de manera equitativa tanto la educaci?n de gesti?n estatal como la de gesti?n privada? (CEA, nov. 2006, 6).

15. Por ser la Argentina un pa?s constitucionalmente federal, nos preocupa la excesiva centralizaci?n del sistema educativo, particularmente en lo relacionado con la formaci?n docente.

16. Lamentamos profundamente la sorpresiva inclusi?n como contenido curricular obligatorio (Art. 92 de la Ley de Educaci?n Nacional) de la Ley 26171 que ratifica el ?Protocolo facultativo de la Convenci?n para la eliminaci?n de toda forma de discriminaci?n de la mujer? (CEDAW), que insiste en la instrumentaci?n de programas de planificaci?n familiar que podr?an facilitar pr?cticas como la anticoncepci?n, la esterilizaci?n y el aborto. Como dijo el Episcopado Argentino en su declaraci?n del 13 de diciembre de 2006: ?El prop?sito laudable de luchar contra toda discriminaci?n que afecte a la dignidad y derechos de la mujer, no puede servir de cobertura para promover cambios negativos en la cultura de nuestro pueblo, en contra de valores fundamentales que son apreciados por la inmensa mayor?a de los argentinos. Nos referimos concretamente a la defensa de la vida humana desde la concepci?n; a la familia fundada en el matrimonio, entendido como uni?n estable del var?n y la mujer; a la maternidad, que expresa una vocaci?n propia e insustituible de la mujer en la sociedad?. M?xime cuando ello implica, adem?s, comprometer ?la soberan?a jur?dica de la Argentina? y violar derechos y garant?as expl?cita o impl?citamente consagrados por la Constituci?n Nacional.

17. A ello se suma la inclusi?n en los contenidos curriculares de la no discriminaci?n por g?nero (?ideolog?a del g?nero?), principio opuesto a la realidad de la naturaleza humana ya que el hombre desde su concepci?n biol?gica es sexuado, var?n o mujer; y por ende esta inclusi?n posibilita una distorsi?n en la educaci?n sexual.

18. Todo esto nos preocupa enormemente, en raz?n de que los padres que no deseen que sus hijos sean ense?ados y educados en temas contrarios a los principios de la ley natural y a sus convicciones, podr?an hacer valer sus derechos.

19. Por el contrario, nosotros, en su momento y basados en la Constituci?n, hemos propuesto positivamente que en dichos contenidos curriculares obligatorios se incluyera la defensa de la vida humana y de su dignidad, como ?nica manera de garantizar los derechos humanos contra toda forma de discriminaci?n y atropello.

20. En los Institutos de gesti?n privada pueden suscitarse inconvenientes y serias dificultades en el futuro por la ambig?edad de algunas disposiciones de la nueva Ley en cuanto no contempla la particular relaci?n laboral de su personal, ni la primac?a que debe tener -para su permanencia o eventual prescindencia de servicios- su identificaci?n con el ideario educativo institucional. Asimismo nos preocupa que entre Institutos Superiores de gesti?n estatal y privada no se haya diferenciado cuando se establecen mecanismos colegiados de gobierno.

21. En relaci?n con estas cuestiones, la Iglesia no pide privilegios sino el resguardo de derechos garantizados por la Constituci?n Nacional, entre ellos, la particular relaci?n de las instituciones de gesti?n privada con su personal y alumnos, que la norma debi? contemplar en todos sus aspectos.

El desaf?o y la continuidad de las pol?ticas educativas
22. Es frecuente atribuir las fallas de la educaci?n y el fracaso de las reformas educativas a la falta de recursos financieros, a la normativa, a los docentes, a las instituciones escolares, etc. Sin embargo, constatamos que la discontinuidad de programas y proyectos, que se inician y luego se suspenden o que cambian de rumbo en los sucesivos cambios de gobiernos o de funcionarios y, en especial, la falta de evaluaci?n de las pol?ticas p?blicas y de los reajustes necesarios, son factores que en gran medida originan la situaci?n de emergencia que se presenta en nuestro sistema educativo.

23. La educaci?n es asunto p?blico y debe, por tanto, involucrar a todos sus actores y concitar su participaci?n responsable, tal como se se?ala en varios de los art?culos de la presente Ley de Educaci?n Nacional. Para que en la pr?ctica la participaci?n funcione, es preciso definir y establecer tiempos y espacios, criterios y mecanismos concretos, como un dispositivo regular de los procesos educativos desde el nivel local hasta el nivel nacional, desde la escuela hasta las instancias ministeriales e intergubernamentales en que se define y decide la educaci?n.

24. Todos los actores comprometidos en el proceso educativo requieren un clima de permanente serenidad para llevar adelante en forma conveniente su misi?n. Para ello toda la normativa jur?dica y la gesti?n de las pol?ticas deben evitar ambig?edades que originan intranquilidad e innumerables conflictos.

25. Adem?s de la capacidad, el realismo y la continuidad en la implementaci?n y ejecuci?n de las pol?ticas educativas, se ha de tener muy en cuenta la honestidad y la transparencia en funcionarios, metodolog?as y asignaci?n de recursos, justicia y equidad en salarios y jubilaciones, y una constante evaluaci?n de las pol?ticas p?blicas.


Nuestro compromiso por la educaci?n

26 Como Pastores de la Iglesia, en un contexto de sano pluralismo pero tambi?n de reaparici?n de algunos proyectos ideol?gicos de signo hegem?nico, nos comprometemos e invitamos a una activa participaci?n de las familias y de las instituciones de la sociedad civil para asegurar, tanto en la gesti?n estatal como en la gesti?n privada de cada jurisdicci?n, el mejor ejercicio posible de la vida educativa. Nuestros ni?os y j?venes merecen los mejores esfuerzos para que puedan lograr un desarrollo integral de su personalidad. De esta manera seremos colaboradores del plan de Dios y de las potencialidades y de la libertad de los argentinos en un proyecto com?n de naci?n.

27. Pedimos a Dios, el Se?or de la historia y ?fuente de toda raz?n y justicia?, que nos ilumine y sostenga en la tan dif?cil y necesaria misi?n de educar. Encomendamos de un modo especial nuestra misi?n a Nuestra Se?ora de Luj?n, Patrona de la Patria.



Comisi?n Episcopal de Educaci?n Cat?lica de la
Conferencia Episcopal Argentina
2 de febrero de 2007
Fiesta de la Presentaci?n del Se?or

Publicado por verdenaranja @ 22:35  | Hablan los obispos
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