Extracto de DOSSIER FIDES “LAS MULTINACIONALES FARMACÉUTICAS Y LA POBREZA EN EL TERCER MUNDO” publicado por Agencia Fides el 29 de Agosto de 2008.

Curarse en el Tercer Mundo: el dilema entre salud y ganancia

El 97% de los decesos por enfermedades infecciosas, que cada año en el mundo llegan a 15 millones de caso, ocurre en los países en vías de desarrollo. El Sida es la primera causa de muerte en el África subsahariana (2,8 millones de muertos); por lo general la pulmonía y las infecciones respiratorias son culpables de 4 millones de muertos, la malaria de 1,3 millones, la tuberculosis de 1,6 millones, la diarrea de 1,8 millones de decesos cada año. En los países en vías de desarrollo las mujeres mueren todavía por consecuencias vinculadas al embarazo o al parto: son más de 500 mil cada año. Alrededor de 2 mil millones de personas son afectadas por enfermedades que derivan del uso del agua no potable, y cada año mueren 2 millones de estas personas.

Incluso llevando sobre las espaldas la casi totalidad de las enfermedades globales, los países en vías de desarrollo inciden en el gasto sanitario mundial con una cifra irrisoria, alrededor del 11%. África consume el 2% de los fármacos registrados vendidos en el mundo, América Latina el 7%, Asia – excluyendo al Japón – el 8%. El desinterés respecto a estas enfermedades – a excepción de las numerosas comunidades y asociaciones que luchan por la mejoría de todas las condiciones de vida en los países más pobres – puede ser relevada también por el hecho de que, entre los más de 1200 fármacos que han sido introducidos al mercado en los últimos 25 años, sólo 13 poseen una indicación específica relativa a las enfermedades tropicales. La investigación y el desarrollo de nuevos fármacos se concentra, en efecto, en problemas sanitarios que se refieren a países más desarrollados, y sólo el 0,2% de las inversiones se ocupa de enfermedades como la pulmonía, la tuberculosis y la diarrea, que causan en el mundo, cada año, el 18% de las muertes.

También en lo que concierne la salud y la accesibilidad a un bien necesario como los fármacos, el discriminante entre norte y sur del mundo es de carácter económico. Se trata de recursos financieros. Baste pensar que Francia e Italia son, respectivamente, en el primer y segundo puesto por acceso de los ciudadanos a la sanidad. La falta de ganancia de los países pobres es la causa que no sólo provoca millones de muertes por hambre, sino que además es causa de la imposibilidad de resolver numerosas crisis sanitarias. La situación de excesiva pobreza de los países en vías de desarrollo, que tienen dificultades a conseguir alimentos y agua para sobrevivir, se refleja también en la posibilidad de adquirir medicinas: una compra que no es superflua, sino necesaria, dada el porcentaje de decesos que, en gran parte, podrían ser evitados con el uso de fármacos ad hoc, y a precios más bajos.

El costo de una medicina, de una terapia, es frecuentemente causa de la dispersión de los ingresos de una año entero de un ciudadano pobre que vive en África. Por su costo algunos fármacos salvavidas no han sido incluidos en el elenco de la Organización Mundial de la Salud – actualizado periódicamente – de las medicinas esenciales, es decir aquellos que satisfacen a la mayor parte de la población y por esto deben ser producidos en cantidades necesarias. Sobre el costo de los fármacos pesa, asimismo, la exclusiva de las casas farmacéuticas en la producción de una medicina protegida por una patente y en la decisión sobre el precio por toda la duración de la misma. La patente es por un período de 20 años. Sólo al final de la patente la medicina se convierte en genérica: puede, entonces, ser producida por otras casas farmacéuticas, y las leyes de la competencia comportan una posible disminución del precio. Precios más bajos también para los fármacos bajo patente que son producidos localmente: en estos casos se trata de hacer una proporción entre ingreso pro capite y precio del fármaco, según el país en que es producido y luego vendido.

Los convenios políticos y comerciales de la Organización Mundial de Comercio (nacida en el ’95, impide la venta de bienes contrahechos, controlando todas las fases de la patente y fabricación) sancionados, luego, en 1996, por los acuerdos TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), garantizan la continuidad de este sistema. Los acuerdos TRIPS, de hecho, prohíben la producción local de fármacos y establecen reglas rígidas sobre la venta, uso e importación, creando un ulterior crecimiento del costo de los fármacos, ya que una sola entidad, la que tiene la patente, puede dictar la ley sobre el fármaco y sobre su precio; los productores locales están obligados a pagar licencias muy costosas para participar a un mercado – el del fármaco – en el que no lograrán nunca competir con los grandes colosos mundiales; la presencia de estos últimos, finalmente, desalienta las actividades de investigación y de desarrollo incluso tecnológico a nivel local. Además, las poblaciones locales no obtienen ninguna ventaja por la experimentación de las patentes, ya que el productor tiene la posibilidad de escoger autónomamente el lugar de producción. El 2008 es el último año concedido a los 48 países más pobres para adecuarse a los acuerdos TRIPS, con la amenaza de sanciones de carácter comercial.

Las casas farmacéuticas afirman que los elevados precios de los medicinales derivan de los altos costos de la investigación, que frecuentemente, sin embargo, son sostenidos por financiaciones públicas. Las ganancias son altísimas, tanto que el sector farmacéutico, con un crecimiento anual alrededor del 18%, es el segundo después de los gigantes de la informática. A pesar de las enormes ganancias, las multinacionales no invierten en investigación para fármacos que podrían salvar de las enfermedades de las que aún hoy se sigue muriendo en los países en vías de desarrollo, ni tampoco prevén una política de precios diversos, según los países en los que los fármacos son vendidos. Un rayo de sol, en esta situación desastrosas, ha sido una ley firmada en 1997 por Mandela, que permitía, entre otras cosas, la producción local de fármacos y las importaciones paralelas, buscando hacer frente a la plaga del Sida, que en Sudáfrica, entre 1997 y 2002, ha asesinado a cerca de 400 millones de personas, y por la cual se han enfermado alrededor de 4 millones de individuos.

En 1998 un grupo de casas farmacéuticas inició una acción legal contra esta ley, debiendo desistir, tres años después, gracias entre otras cosas al compromiso de numerosos personajes y organizaciones no gubernamentales (Médicos sin fronteras, entre todos, que ha activados una campaña por un justo acceso a los fármacos, que ha tenido ciertamente el mérito de mover a los Estados y de hacer entrar este espinoso tema en el debate político internacional, aunque queda mucho por hacer). Un momento que hubiese podido convertirse en un verdadero cambio en la gestión de la emergencia farmacéutica de los países del Tercer Mundo, ha sido el acuerdo del 2003, firmado por 146 países de la World Trade Organization, sobre los fármacos salvavidas: en realidad las normas incluidas en el acuerdo están llenas de cláusulas poco claras, haciendo en la práctica imposible la actuación seria de las líneas guía.

Mucho más importante ha sido la Declaración de Doha, del 2001, con la que se sancionó la supremacía de la salud sobre los intereses de las casas farmacéuticas, introduciendo, como en Sudáfrica, en casos de necesidad y emergencia (que sólo el país peticionario puede determinar), la posibilidad de ‘exportaciones paralelas’ y de ‘licencias obligatorias’. Una alternativa que, por el momento, está en el foco de atención de cuantos trabajan en los países en vías de desarrollo, son los fármacos así llamados genéricos: fármacos no cubiertos por la patente, con el mismo principio activo de los fármacos ‘de marca’, pero producidos a un costo más bajo (dado que se copian moléculas ya conocidas, el precio del fármaco genérico no se ve cargado por los costos de la investigación), por casas farmacéuticas más modestas.