Viernes, 21 de noviembre de 2008

La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED), a través de su Comisión de Accesoria Legal, ha presentado a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados sus observaciones sobre el proyecto de Ley sobre Asociaciones Religiosas.

 

 

OBSERVACIONES DE LA CONFERENCIA DEL EPISCOPADO

EN TORNO AL

PROYECTO DE LEY GENERAL DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS

 

Guiados solamente por el propósito en defender los mejores intereses del pueblo dominicano y contribuir al mantenimiento de la armonía entre las diversas instituciones del País, la Conferencia del Episcopado Dominicano emite las siguientes observaciones, a propósito de El Proyecto de Ley General de Asociaciones Religiosas.

 

1. Sobre el marco legal vigente.

 

La Constitución de la República Dominicana consagra en el Art. 8, inciso 8, la libertad de conciencia y de cultos, con sujeción al orden público y el respeto a las buenas costumbres, derecho universal que beneficia a todos los ciudadanos y, por supuesto, a todas las agrupaciones religiosas, sin importar su denominación.

 

Junto a la Constitución de la República, los convenios internacionales suscritos y homologados por el Congreso Nacional hacen parte importante del marco legal nacional. Entre los numerosos convenios suscritos por el Estado Dominicano, resalta el denominado Concordato, firmado con la Santa Sede en 1954, homologado por el Congreso Nacional, legítimo, habiéndose empleado los procedimientos y canales correspondientes para su aprobación e incorporación al ordenamiento jurídico, el cual ha tenido y tiene un impacto legal fundamental en el ámbito religioso dominicano.

 

Dicho convenio, que ha surtido sus efectos desde entonces de manera ininterrumpida para beneplácito de los católicos de nuestro país, consagra a la religión católica como la oficial del Estado Dominicano y establece, asimismo, numerosas prerrogativas a favor de la Iglesia Católica, tales como personalidad jurídica, inmunidad legal, exenciones impositivas y arancelarias, subvenciones, entre otras. (Artículos I, IV, VII, XI, XXIV del Concordato entre la Santa Sede y la República Dominicana).

 

2. Análisis de El Proyecto de Ley General de Asociaciones Religiosas.

 

Un estudio ponderado del referido proyecto nos lleva a concluir que su objetivo principal no es garantizar la libertad de cultos, como señala en uno de sus considerandos.

(Considerando párrafo cinco).

Es claro que la libertad de cultos está garantizada por la Constitución de la República y el Estado de Derecho vigentes en nuestro país. Resultado de ello es, justamente, la proliferación de asociaciones religiosas que, amparadas en interpretaciones disímiles de la Biblia, fundan iglesias en toda la geografía nacional.

 

3. Del Proyecto de Ley, resaltamos los siguientes elementos:

 

a) El proyecto de ley no sería aplicable a la Iglesia Católica, toda vez que conforme su propio artículo 34, el mismo ¨no regirá las confesiones cristianas que estén amparadas en alguna otra ley especial o Convenio Internacional que el Estado Dominicano haya contraído en materia religiosa¨, como es el caso de la Iglesia Católica mediante el Concordato.

 

b) Los términos del Artículo 1, referentes al ámbito de su aplicación del nuevo texto legal, resultan imprecisos respecto de la Iglesia Católica en la medida en que habla de todas las Iglesias de manera general, sin excepciones. Dice: “Cada vez que esta ley emplea el término Asociación Religiosa se refiere a las Iglesias, Concilios y

Ministerios, Asociaciones, Confraternidades, Instituciones eclesiásticas y

Paraeclesiáticas de cualquier culto reconocido por esta ley.”

 

c) El artículo 24, por el contrario, sí es preciso al excluir a la Iglesia Católica de la

Comisión Asesora de Libertad Religiosa, integrada ésta por no más de siete miembros, los cuales son señalados en este artículo, lo que conduce a concluir que el texto de este artículo 24, no alcanza a la Iglesia Católica, en la medida que no la toma en cuenta para opinar sobre los asuntos que se establecen como atribuciones de la Comisión que crea.

 

d) El artículo 16 expresa que “Las Iglesias, Concilios y Ministerios, Asociaciones,

Confraternidades, Instituciones eclesiásticas y Paraeclesiásticas que hayan obtenido su personería jurídica antes de la promulgación de esta ley deberán solicitar su inscripción dentro de los dos años siguientes a la promulgación de la misma”. Es evidente que el mismo, si bien no de manera taxativa, se refiere a la Iglesia Católica, en vista de que el Concordato fue suscrito en 1954.

 

     Es, justamente, ese artículo el que expresa la mayor confrontación con otros textos legales.

 

En ese sentido, resulta evidente que la personería jurídica de la Iglesia Católica y su vigencia como tal, no puede estar condicionada a su inscripción en un Registro Nacional de Iglesias, como se establece en el artículo 10 y 11, pues por ello contradice no sólo las libertades fundamentales consagradas en el texto constitucional, y cuanto, más aún, los derechos adquiridos desde hace sesenta y cuatro años, en virtud de un tratado Internacional que, como el Concordato, tiene fuerza de ley.

 

4. Conclusiones:

 

El Proyecto de Ley General de Asociaciones Religiosas no contraviene a la Constitución de la República Dominicana, sin embargo, su aprobación supondría para la sociedad dominicana una situación de riesgos de diversas naturaleza, entre los cuales resaltamos:

 

a) La posibilidad de celebración de matrimonio a cargos de ministros sin adecuada preparación ni experiencia, situación que se agrava en vista de ausencia de una estructura legal-administrativa en la cual asentar y controlar dichas actuaciones, así como de un derecho matrimonial, inexistente para la casi totalidad de las denominaciones religiosas, que pueda regular las convenciones consignadas en los matrimonios, las separaciones y los procesos de declaración de nulidad. (Artículo 27).

 

b) La posibilidad de que surjan nuevos grupos religiosos o pararreligiosos, con fines meramente económicos.

 

c) Las complicaciones que supondría para el Estado Dominicano, el registro y control de matrimonios religiosos y procesos que generarían las miles de iglesias y templos que operan actualmente y pudieran operar en el futuro en nuestro país.

 

d) Preocupa el hecho de que la Ley abra espacios para que personas improvisadas funden iglesias sin control, con fines de obtener beneficios económicos a través de la Religión.

Es, pues, por todo ello que, con humildad y firmeza, ajenos al egoísmo que pretende privilegios de diversa naturaleza, llamamos la atención de la sociedad dominicana, especialmente de sus estamentos políticos y legislativos, y pedimos el especial auxilio del Todopoderoso, a los fines de que podamos discernir con equilibrio y justeza y logremos priorizar los intereses generales de la sociedad dominicana sobre los de cualquiera de sus sectores.

 

Con la ayuda de Dios, Todopoderoso y Eterno, todos debemos luchar por mantener la salud económica, social y moral de la sociedad dominicana, en momentos en que por diversas vías, nacional e internacionalmente, se generan amenazas en su contra.

En Santo Domingo, Distrito Nacional, a los diecisiete (17) días del mes de noviembre del año dos mil ocho (2008).

 

Por la Conferencia del Episcopado Dominicano,

 

+ Mons. Gregorio Nicanor Peña Rodríguez

Obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia, Higüey

Vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano


+ Mons. Juan Antonio Flores Santana

Arzobispo Emérito

Presidente de la Comisión Asesoría Legal

De la Conferencia del Episcopado Dominicano


Mons. Dr. Ramón Benito Angeles Fernández

Secretario Ejecutivo de la Comisión Asesoría

Legal de la Conferencia del Episcopado

Dominicano.


Publicado por verdenaranja @ 23:21  | Hablan los obispos
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