Lunes, 12 de enero de 2009

Carta Pastoral publicada por los Obispos de la Conferencia Episcopal Panameña (CEP) al término de la primera Asamblea Plenaria ordinaria, celebrada del 5 al 9 de enero de 2009.

CARTA PASTORAL DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL PANAMEÑA
SOBRE EL COMPROMISO CIUDADANO ANTE LAS PRÓXIMAS  ELECCIONES 

Introducción 

En seguimiento del Señor Jesús, que vino para que todos los pueblos tengan vida en abundancia (cf. Jn 10,10), la Conferencia Episcopal Panameña se ha dirigido, de manera continua, a los católicos de este país y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad que conviven con nosotros, para llevar un mensaje de fe, de esperanza y reflexión, como Madre y Maestra, orientadora ante las diversas realidades y situaciones que juntos compartimos como Nación. 

La Iglesia se ha preocupado en todo momento de acompañar al pueblo  panameño, tanto en el ámbito espiritual y religioso, como en otras cuestiones de carácter cultural, social, económico y político, porque para Ella “no hay problema verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón” (Concilio Vaticano II, Constitución sobre La Iglesia en el Mundo de Hoy, Gaudium et Spes (GS) 1). 

Como Obispos, queremos hacer oír nuestra voz, en vísperas de las elecciones de las nuevas autoridades nacionales y locales, en momentos en que panameñas y panameños estamos experimentando grandes oportunidades para un desarrollo integral a lo largo del territorio nacional, pero también sombras y amenazas que podrían frustrar, una vez más, las esperanzas de los pobres y de los más vulnerables. 

A inicios del año 2001, señalamos lo siguiente: “La democracia no es algo que se haya conquistado de una vez y para siempre, sino que es el fruto de un trabajo continuo para cada generación y exige la participación responsable y activa de todos. Requiere una educación y un aprendizaje a lo largo de toda la vida.” (La Justicia Social en Panamá 87). 

Los Obispos Latinoamericanos, en el Documento de Aparecida, nos comprometimos a: “Apoyar la participación de la sociedad civil para la reorientación y consiguiente rehabilitación ética de la política. Por ello, son muy importantes los espacios de participación de la sociedad civil para la vigencia de la democracia, una verdadera economía solidaria y un desarrollo integral, solidario y sustentable” (DA 406). 

El Santo Padre ha señalado: “Un aspecto significativo de la misión propia de los seglares es el servicio a la sociedad a través del ejercicio de la política. Pertenece al patrimonio doctrinal de la Iglesia que «el deber inmediato de actuar en favor de un orden justo en la sociedad es más bien propio de los fieles laicos» (Deus caritas est 29). Hay que alentarles, por tanto, a que vivan con responsabilidad y dedicación esta importante dimensión de la caridad social, para que la comunidad humana de la que forman parte con todo derecho progrese en la justicia, en la honradez, en la defensa de los verdaderos y auténticos valores, como la salvaguarda de la vida humana, del matrimonio y de la familia, contribuyendo de esta manera al verdadero bien humano y espiritual de toda la sociedad.” (Benedicto XVI a Obispos  de Paraguay, 11 de septiembre 2008)) 

Por su compromiso social, la Iglesia “quiere simplemente promover un Estado humano. Un Estado que reconozca, como su deber primario, la defensa de los derechos fundamentales de la persona humana, especialmente de la más débil” (Juan Pablo II, Evangelium Vitae 101). Una seria información, más allá de slogans, es necesaria. Conocer los programas es de primera importancia. Hay derecho a esperar de los candidatos un esfuerzo en favor de la verdad y no en distracciones sobre acusaciones mutuas y, menos aún, caer en las ofensas.  Es más eficaz una campaña propositiva que una destructiva y excluyente. 

El interés por la política no se limita a la emisión del voto en un período electoral. Requiere una mayor incidencia en las decisiones políticas, lo cual se logra con una participación activa de la ciudadanía, para monitorear los programas y planes del gobierno, para exigir acceso a la información y  rendición de cuentas a las autoridades, para proponer soluciones alternativas a los múltiples problemas que afrontamos.

“¿Qué has hecho de tu hermano?” (Gn 4, 9-10). Esta llamada de Dios a la conciencia del hombre y de la mujer inspira la doctrina social de la Iglesia y constituye nuestra referencia para ver la realidad nacional. 

1. VER   

El grave problema que enfrenta el país en este momento es la perdida de la calidad de vida de la gente por causa de un crecimiento económico sin responsabilidad social. Las políticas sociales no están interconectadas con la dinámica de crecimiento económico. En la actualidad, son dos políticas separadas: el crecimiento económico neoliberal, por un lado, y, por otro, las políticas sociales que tratan de corregir los daños humanos y ecológicos a través de una atención social.  

Por todo lo anterior, es urgente una visión del país en su conjunto y a largo plazo. Es necesario que los candidatos y los partidos presenten su visión del país, es decir una política de Estado y no sólo un programa de Gobierno. Si no, las soluciones que propongan a los graves problemas sociales serán parches coyunturales, pero sin coherencia interna con el desarrollo económico a largo plazo. 

1.1. Crecimiento económico sin desarrollo social 

Hemos crecido económicamente a un ritmo impresionante, sin embargo, seguimos manteniendo unos niveles de pobreza vergonzosamente altos porque no hemos sido capaces de lograr la participación de todos en la generación y la distribución de la riqueza. 

En Panamá, según las últimas cifras aportadas por la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), se ha registrado un crecimiento  económico y una reducción marginal de la pobreza, pero aún se mantiene  más de un cuarto de la población  en situación de pobreza. Esta situación se agrava cuando se miden otros indicadores no tomados en cuenta por el informe de la CEPAL, como son: la educación, la salud y una precaria situación laboral. 

Duele profundamente ver cómo los pobres y marginados sobreviven en casas de zinc y de madera, con servicios públicos mínimos, afanándose por conseguir algún artículo “compita” o madrugando para mendigar un cupo médico. El alto costo de la vida no golpea de igual manera los ingresos de un pobre que los de grupos con mayor poder adquisitivo. Lo mismo ocurre en el acceso a la salud, a la vivienda y a una mejor educación. 

Exhortamos a los gobernantes, dirigentes sociales y partidos políticos a dar seguimiento y cumplimiento a los acuerdos alcanzados en la Concertación Nacional para el Desarrollo con una clara visión de país y opción por los pobres, que garantice las condiciones de justicia y equidad que demanda toda la población panameña.  

1.2. Migrantes  y refugiados: Rostro sufriente de América 

Hemos reiterado en  ocasiones anteriores que el Estado es soberano y tiene el derecho de regular el flujo migratorio en sus fronteras, respetando el derecho de toda persona humana a emigrar buscando mejores condiciones de vida. 

En este contexto y en cumplimiento de nuestro deber cristiano, solicitamos que se  modifique la recién aprobada  legislación nacional en materia de migración y refugio, particularmente en el tema del otorgamiento de las visas humanitarias. 

Además, pedimos que se elabore la  reglamentación  que detenga el flagelo de trata y tráfico de personas y se reactive la Comisión de Elegibilidad para que se trabaje de manera expedita en las solicitudes  de los refugiados que llegan a Panamá.  

También, nos preocupa el hecho de que se haya incrementado el fenómeno de las migraciones internas del campo a la ciudad, involucrando cada vez un mayor número de indígenas, mujeres y niños, que se convierten en víctimas de abusos de personas que se aprovechan de su situación de desventaja como la pobreza para violar sus derechos humanos y laborales. 

1.3. La crisis del transporte y los tranques 

La crisis del transporte público es un tema trascendental. Alrededor de un millón de personas utilizan dichos medios para dirigirse a sus centros de trabajo o educativos. Somos testigos de la preocupación de la gente por la falta de seguridad en las vías, por las condiciones mecánicas no adecuadas de algunos vehículos, por el incumplimiento de las normas de tránsito por parte de conductores y peatones y por los interminables tranques que afectan la salud física y mental de la población y aumentan el costo de la vida. 

El Estado tiene la responsabilidad ineludible de vigilar el cumplimiento de las normas y reglamentos del tránsito terrestre y garantizar la seguridad de los usuarios que son, en su mayoría, los sectores más humildes. 

1.4. Atención a la salud 

Nos preocupa el hecho de que tantos panameños y panameñas no tengan todavía acceso a los servicios de salud o que, quienes los tengan, sea a costa de  inmensos sacrificios y de recibir hasta humillaciones al solicitar consultas en las instituciones públicas. Las quejas más frecuentes que marcan la deficiente calidad de los servicios básicos de salud son: la mora en las citas con especialistas, las demoras en las operaciones quirúrgicas, el desabastecimiento y el alto costo de los medicamentos que se requieren para tratar las enfermedades más frecuentes de la población. Esta situación obliga a solicitar atención en centros privados, donde asisten sólo aquellas personas que pueden pagarla. 

Es importante modificar el modelo de atención de la salud que se desarrolla en nuestro país por un modelo centrado en la humanización de los servicios que prestan los funcionarios,  en la prevención, en la  promoción de la salud y en los nuevos estilos de vida saludable. Es necesario alejar la política partidista de los centros de atención de salud y principalmente dar seguimiento a los planes y programas de salud, independientemente de los cambios de las administraciones gubernamentales.  

1.5. Baja el desempleo y sube la informalidad del trabajo 

A pesar de que los datos oficiales nos indican la existencia de una disminución del desempleo, esto no se traduce en una mejor calidad del empleo. Paralelamente, se registra un aumento de la informalidad y precariedad –bajos salarios, falta de protección y seguridad laboral- del trabajo afectando la vida y salud no sólo de los trabajadores sino también  la de su familia.  Nos adherimos al principio de promover el trabajo digno, tal como lo propugnan las normas internacionales a través de sus instancias tripartitas, como un deber moral fundamental de empleadores, gobiernos y trabajadores. 

1.6. Situación de la educación.  

Es preocupante el hecho de que, a pesar de todos los avances registrados en la educación, en términos de inversión y recursos tecnológicos, no se logre el punto de equilibrio entre lo que el sistema educativo ofrece y lo que el país requiere para su desarrollo humano, científico y técnico.

Los resultados de las pruebas de conocimiento realizadas a los estudiantes a nivel nacional reflejan una grave situación en la calidad de los contenidos y metodología que son desarrolladas en los salones de clase; situación que se agrava con la débil cobertura nacional de centros educativos y con poco equipamiento, principalmente en las áreas de difícil acceso y comarcales. 

A lo anteriormente mencionado, agregamos los escándalos de corrupción, con una casi nula información de los resultados de las investigaciones, como en el caso de las pérdidas millonarias de fondos dirigidos a mejorar la calidad de la educación (FECE), la venta de diplomas falsos, el tema de las infraestructuras en mal estado, especialmente la fibra de vidrio, entre otras.  

A pesar de que la problemática de la educación ha sido uno de los temas más estudiados y diagnosticados, donde más diálogos entre gobiernos y gremios docentes se han realizado, no se observan cambios favorables en la formación académica y conductual de los estudiantes, ni en la capacitación y actitudes de los docentes, lo que da como consecuencia el profundo deterioro de la educación. 

Abogamos por la erradicación de la prevalencia de los intereses políticos y gremiales en el sistema educativo. De igual manera, pedimos que se tenga especial cuidado de la educación en las áreas marginales de las ciudades y en el sector rural y comarcal, ya que los mayores índices de deserción escolar se dan en estas áreas. 

1.7. Administración de la Justicia 

Reconocemos los esfuerzos que se han realizado en el Órgano Judicial por hacer transparentes y ágiles los procesos judiciales y poder superar la mora de los casos que se atienden en los distintos juzgados. Lamentablemente, continúa en la percepción de los ciudadanos la idea de que la justicia está alejada de los pobres, es lenta y poco segura. 

Los centros penitenciarios y cárceles del país están muy distantes del respeto a la dignidad de las personas y, a pesar de las denuncias de violaciones a los derechos de los privados de libertad que se han formulado ante autoridades nacionales e internacionales, se mantienen el hacinamiento, el abuso de autoridad, la falta de servicios de salud y se carece de programas de resocialización. Se percibe corrupción en el sistema penitenciario por las constantes fugas de los privados de libertad.  

Pedimos que se dé seguimiento a lo acordado en el Pacto de Estado por la Justicia, en temas como la defensa pública, la justicia de paz, la política criminológica de Estado. Urge que se proporcionen los recursos de personal y económicos necesarios para la creación de la comisión técnica que dé seguimiento al cumplimiento de los acuerdos y se promueva  el fortalecimiento de los mecanismos de monitoreo y acceso a la información de los  ciudadanos.  

1.8. El flagelo de la Corrupción 

La corrupción genera una profunda erosión del orden democrático, vulnera la actuación del Estado y debilita el principio de igualdad ante la Ley, se nutre de la impunidad, destruye la confianza de la población en sí misma, en el Estado y en las instituciones representativas y democráticas de la sociedad (cf. Compendio DSI, 411). 

Panamá no escapa a este flagelo y de ahí la importancia de que cada miembro de la sociedad contribuya a erradicar este problema, que tanto afecta a los más pobres. Es importante que los políticos, servidores públicos, empresa privada,  medios de comunicación social y ciudadanos actúen con transparencia y honestidad, promuevan las buenas prácticas y una ética orientada al bien común. 

1.9. Violencia e Inseguridad:  

La violencia criminal, de la que nos dan testimonio diariamente los medios de comunicación y nuestros fieles, la desesperanza ante el futuro que sienten tantos jóvenes de nuestras áreas marginadas, el abuso de poder que conduce a la corrupción e impunidad, también nos indican la dificultad para el cultivo del valor de la fraternidad y del respeto por el otro. Sin voluntad de convivencia, ni el dinero, ni todos los programas de seguridad que se quieran, podrán construir un país. 

En Panamá, se observa un incremento en las tasas de criminalidad, con la participación de menores y jóvenes como infractores y como víctimas. También se percibe una conexión entre el crimen organizado y la delincuencia común. Frente a esta situación, las políticas de seguridad se plantean de manera reactiva y no como parte de una política de Estado a largo plazo, con una visión integral de la problemática en el marco de la protección de los derechos humanos  de todos los ciudadanos. 

1.10. Administración Pública:  

Coincidimos con el último informe del PNUD (2008), en el que se señala que el aparato estatal funciona con poca división del trabajo y altos costos. Por otra parte, existe una gestión centrada en ejecución de fondos, en lugar  de tener un enfoque en resultados y se reconoce poca coordinación interinstitucional, con la consiguiente pérdida de importantes sinergias. Con ello, se reduce el impacto de las acciones en la vida de las personas, se fortalece el centralismo, generando dependencia de los ciudadanos, y se hace un uso ineficiente de los recursos. 

1.11. Procesos de Diálogo 

La acogida de las propuestas surgidas de los diálogos de concertación y el seguimiento de las mismas, dando atención eficiente a los reales problemas de la población, es el mejor camino para no caer en un clima de violencia. En este contexto, en nuestro Comunicado del próximo pasado mes de julio, decíamos que “ningún gremio, grupo político o social tiene derecho a amenazar con subvertir el orden social si no se cede a sus pretensiones”.   

1.12. Algunos desafíos 

Son muchos los desafíos que debemos enfrentar, pero señalamos algunos que nos parecen más significativos y nos comprometen como ciudadanos: 

a) La vida: es un don de Dios y el primero de los derechos humanos que debemos respetar. Debemos preservarla desde el momento de la concepción y cuidar su existencia y dignidad hasta su fin natural. 

b) La familia: institución de derecho divino y fundada en el matrimonio entre varón y mujer, es la célula básica de la sociedad y la primera responsable de la educación de los hijos. Debemos fortalecer sus derechos y promover la educación de los jóvenes en el verdadero sentido del amor, la equidad y en el compromiso social. 

c) El bien común: es el bien de todos los hombres y de todo el hombre. Debemos ponerlo por encima de los bienes particulares y sectoriales. Su primacía sustenta y fortalece los tres poderes del Estado, cuya autonomía, real y auténtica, se hace imprescindible para el ejercicio de la democracia. Dicho bien común se afianza cuando la autoridad sanciona leyes justas y vela por su acatamiento.  

d) La inclusión: debemos priorizar medidas que garanticen y aceleren la inclusión de todos los ciudadanos en la vida social. La pobreza y la inequidad, no obstante el crecimiento económico y los esfuerzos realizados, siguen siendo problemas básicos. Toda gestión social, política y económica debe estar orientada al logro de una mayor equidad que permita a todos la participación en los bienes espirituales, culturales y materiales. 

e) Políticas de Estado: la experiencia nos ha enseñado que una sociedad no crece necesariamente cuando lo hace su economía, sino sobre todo cuando madura en su capacidad de diálogo y en su habilidad para gestar consensos que se traduzcan en políticas de Estado y que orienten hacia un proyecto común de Nación. Éste sigue siendo un fuerte desafío para nuestra democracia.  

2. JUZGAR 

2.1. La Misión del  Estado es promover el Bien Común 

El Estado tiene la misión primaria de hacerse responsable del bienestar de sus ciudadanos. Por ello, su finalidad es procurar el bien común. El Estado se entiende como una instancia de servicio a la ciudadanía y el poder que ejerce sólo tiene sentido en cuanto posibilita la prestación equitativa de este servicio. “En el ejercicio del poder político es fundamental aquel espíritu de servicio, que, unido a la necesaria competencia y eficiencia, es el único capaz de hacer “transparente” o “limpia” la actividad de los hombres políticos, como justamente, además, la gente exige. Esto urge la lucha abierta y la decidida superación de algunas tentaciones, como el recurso a la deslealtad y a la mentira, el despilfarro de la hacienda pública para que redunde en provecho de unos pocos y con intención de crear una masa de gente dependiente, el uso de medios equívocos o ilícitos para conquistar, mantener y aumentar el poder a cualquier precio” (Juan Pablo II, Christifideles Laici 42). 

La meta de la política es el bien común, el bien de todas las personas y de toda la persona, es decir su desarrollo más pleno e integral, lo cual conlleva que cada cual asuma sus propias responsabilidades. No es posible la convivencia social sin que cada cual ponga su mejor empeño por ser responsable y corresponsable. Tampoco se puede ser discípulo-misionero del Señor sin asumir la responsabilidad de hacerse prójimo (cf. Lc 10,25-37) y, los que confesamos a Jesús como único Señor, seremos jugados por nuestro trabajo en favor de la justicia y de la paz (cf. Mt 25,31-46).   

2.2. Despreciar la política es despreciar la justicia 

Decía el Papa Pío XI a los universitarios italianos: “La política es la expresión más alta de la caridad luego de la religión misma”. Y el Concilio Vaticano II apunta: “La Iglesia tiene por noble y meritoria la misión de aquellos que se dedican al servicio de los hombres en la gestión del bien común y aceptan las obligaciones inherentes a ella” (Gaudium et Spes 75). 

La presencia al lado del hermano en dificultad, por necesaria que ella sea, no agota los deberes que suscita en nosotros el amor de Cristo. La acción por medio de la política es una forma indispensable del amor al prójimo. Quien desprecie la política no puede decir que ama a su prójimo y que responda a sus necesidades. Despreciar la política es despreciar la justicia. 

Mientras que la vida democrática aparece a veces desacreditada y abandonada, principalmente por los más jóvenes, la Iglesia reitera su estima por el sistema democrático: “La Iglesia respeta la legítima autonomía del orden democrático; pero no posee título alguno para expresar preferencias por una u otra solución institucional o constitucional. La aportación que ella ofrece en este sentido es precisamente el concepto de la dignidad de la persona, que se manifiesta en toda su plenitud en el misterio del Verbo encarnado” (Juan Pablo II, Centesimus Annus 47). 

2.3. Reino de Dios  y progreso humano 

Para los cristianos, el proyecto de Dios se ha manifestado a través de la historia de salvación y, de manera especial, en la vida de Jesús. La Iglesia anuncia que en Jesucristo el reino de Dios se ha hecho presente como promesa cumplida. Cuando Jesús habla del “reino de Dios”, se refiere a la actuación de Dios en el mundo como Padre y Soberano. Su actuación muchas veces no se ve, sin embargo, es como un fermento que va transformando, poco a poco, nuestra historia desde dentro, a través del actuar humano. 

Todo lo que contribuye a una mejor sociedad humana, interesa al reino de Dios. De una manera especial, el amor por los pobres y excluidos expresa la universalidad del amor de Dios. Los marginados y excluidos merecen una atención especial. Sólo desde esta opción preferencial por los pobres se puede construir una sociedad que no excluye a nadie y que es justa para con todos sus miembros. 

“Que se ciña cada cual a la parte que le corresponde», escribía León XIII en 1891, añadiendo: «Por lo que respecta a la Iglesia, nunca ni bajo ningún aspecto regateará su esfuerzo» (RN 41). Esta convicción acompaña también hoy el quehacer de la Iglesia para con los pobres, en los cuales contempla a Cristo  (CA 58), sintiendo cómo resuena en su corazón el mandato del Príncipe de la paz a los Apóstoles: «Vos date illis manducare – dadles vosotros de comer» (Lc 9,13). Así pues, fiel a esta exhortación de su Señor, la comunidad cristiana no dejará de asegurar a toda la familia humana su apoyo a las iniciativas de una solidaridad creativa, no sólo para distribuir lo superfluo, sino cambiando «sobre todo los estilos de vida, los modelos de producción y de consumo, las estructuras consolidadas de poder que rigen hoy la sociedad» (ibid.)”. (Benedicto XVI, Mensaje para la Jornada Mundial de la paz 2009).  

2.4. La democracia es un proceso  

La democracia, siempre inacabada, necesita crecer para construir un país, según las distintas circunstancias históricas nacionales e internacionales. Cada torneo electoral debe fortalecerla y no debilitarla. Votar es participar en la construcción del bienestar social o lo que llamamos bien común. Yendo más allá de los intereses privados es como progresa una sociedad. Votar es un acto de conciencia y conlleva una responsabilidad ética.

La democracia, en cualquiera de sus espacios, es una forma de vida que viene a la existencia y se sostiene con la fuerza que le brindan los sujetos democráticos. Está haciendo crisis la forma limitada en que se ha querido entender la democracia como ejercicio partidista electoral sin más. En meses pasados, se realizó a nivel nacional un ejercicio de consulta, que ha desembocado en un anteproyecto de ley de participación ciudadana, recogiendo multiplicidad de propuestas e iniciativas de nuevas formas de entender y practicar la democracia que expresen más adecuadamente su verdadero contenido ideal.

2.5. La sociedad justa no puede ser obra de la Iglesia, sino de la política 

“La Iglesia no puede ni debe emprender por cuenta propia la empresa política de realizar la sociedad más justa posible. No puede ni debe sustituir al Estado. Pero tampoco puede ni debe quedarse al margen en la lucha por la justicia. Debe insertarse en ella a través de la argumentación racional y debe despertar las fuerzas espirituales, sin las cuales la justicia, que siempre exige también renuncias, no puede afirmarse ni prosperar. La sociedad justa no puede ser obra de la Iglesia, sino de la política. No obstante, le interesa sobremanera trabajar por la justicia esforzándose por abrir la inteligencia y la voluntad a las exigencias del bien.” (Deus caritas est 28). 

2.6. La organización política está al servicio del bien común. 

 El “bien común” es más que la suma de intereses particulares, individuales o colectivos, a menudo contradictorios entre sí. Comprende el conjunto de las condiciones de la vida social que permiten a los hombres, a las familias y a las agrupaciones realizarse más fácil y plenamente. Por ello, se trata de una búsqueda incansable de aquello que favorece al mayor número de personas, de lo que permite mejorar la condición de los más vulnerables y de los más débiles. Por lo tanto, no se circunscribe a las generaciones actuales sino que se sitúa en una perspectiva de desarrollo permanente que favorezca a las generaciones futuras. (cfr. Compendio DSI 164-170). 

La organización de la sociedad, más allá de los partidos  políticos,  en las comunidades, a través de organizaciones no gubernamentales, entre otros espacios, es imprescindible para lograr la participación de la ciudadanía en el progreso del país. Estos espacios de participación son un equilibrio para las actuaciones de los gobernantes y de las autoridades, a fin de que ejerzan sus funciones para lograr el bien común, sin retroceder en el proceso democrático. 

La participación ciudadana necesaria está en sintonía con uno de los principios clave de la doctrina social de la Iglesia: la subsidiaridad, complementario del de solidaridad. Nos recuerda el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia: “Es éste el ámbito de la sociedad civil, entendida como el conjunto de las relaciones entre individuos y entre sociedades intermedias, que se realizan en forma originaria y gracias a la ‘subjetividad creativa del ciudadano’” (Compendio DSI, 185). 

 3. ACTUAR (Ver aquí)

 


Publicado por verdenaranja @ 23:11  | Hablan los obispos
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