S?bado, 14 de noviembre de 2009

Exposición de monseñor Alfonso Delgado, arzobispo de San Juan de Cuyo en la apertura del Panel sobre el Consejo de la Magistratura y la elección de Jueces en la Provincia de San Juan organizado por Justicia y Paz de la arquidiócesis. (AICA)
(30 de octubre de 2009) 


Para que ganemos todos

La justicia argentina y su correcta administración en todos los ámbitos es una cuestión de creciente preocupación en el país y en las provincias.

Las leyes pueden estar bien o mal hechas, pueden sumar o restar al bien común, e incluso degradarlo. A su vez, el gobernante puede gobernar bien o mal, puede sumar al bien de todos, ser inoperante o lesionar ese bien común. Por eso, en una democracia la justicia es el último bastión y la última esperanza donde defender los derechos civiles, los derechos inalienables de la persona, y los derechos de las instituciones de la sociedad y del mismo Estado.

Los juristas suelen decir que puede llegar a haber leyes malas y jueces buenos, y esto no es bueno. Pero es mucho peor que haya leyes buenas y una administración de justicia que por lentitud, falta independencia o de medios, o por ineficiencia, vuelva inoperante la aplicación de las leyes.

Una mirada al país

¿Cuál es el panorama institucional del país? Pensemos en el poder legislativo: hasta los niños de nivel inicial saben cómo se hacen las leyes, cómo se debaten y cómo se aprueban. El ciudadano percibe que las leyes se sancionan a la medida de intereses particulares, por no decir de intereses torpes; leyes con nombre y apellido que benefician a algunos o están dirigidas contra otros, especialmente del que piensa diferente. En las legislaturas, a veces se levanta la mano en contra de los intereses de la población o de las provincias que se dice representar.

Miremos al poder ejecutivo. Navegamos en el autoritarismo, en una dirección que parece ser hacia la suma del poder público, que acapara los recursos del Estado nacional y los fondos que legítimamente pertenecen a los estados provinciales, disponiendo así del total manejo de la caja, de los medios de comunicación y de los resortes políticos de acceso al poder (reforma política a la medida). Respecto de esos recursos, ellos proceden del pueblo y a él le pertenecen. El gobernante no es el dueño sino sólo su administrador por cuatro años, debiendo rendir cuentas escrupulosamente. Sin embargo, no se vislumbra una correcta proporción entre los inmensos recursos fiscales y la baja cobertura de las necesidades básicas de la población, especialmente de los más pobres y excluidos. No olvidemos, también, que nuestro país ha crecido notablemente en los índices internacionales de corrupción y de narcotráfico.

El poder judicial aparece cada día más cuestionado, especialmente por los ciudadanos que tienen un mayor conocimiento de las “res publica”. Respecto de la designación de jueces, hay Consejos de la Magistratura ornamentales, más funcionales al poder político que a la búsqueda de jueces idóneos e independientes. Hay concursos para jueces viciados de sospechas y encubrimientos, a fin de que gane fácilmente “el caballo del comisario”. En algunas evaluaciones para nombramientos de jueces se han detectado candidatos que han copiado como chicos del colegio, con “machetes” aparentemente facilitados por quienes deberían evaluarlos. También hay nombramientos de funcionarios judiciales a través de procedimientos muy cuestionados, que generan un manto de sospecha sobre su idoneidad para ocupar esos cargos.

Se percibe una gran cerrazón para el diálogo y el debate de ideas, tan propios de toda democracia. Crece la actitud de atacar y destrozar al que piensa distinto, sin considerar sus razones, sus aportes o los fundamentos de sus propuestas. Cuando se intenta cuestionar alguna situación pública o el debate de una ley, es habitual la respuesta que descalifica y ataca a quien piensa diferente. Así se anula o se degrada cualquier debate constructivo. Quienes actúan así no logran disimular su verdadera intencionalidad, sus intereses espurios y su gran ausencia de razón. El diálogo se convierte en agravios, difamaciones u “operaciones” dignas de películas de espionaje, todo ello en defensa del “mandamás” de turno.

Cuando estudiaba en España, me tocó la época de Franco. El humor popular aprovechaba todos los resquicios posibles para expresar las percepciones del pueblo. Había un humorista que lo hacía a modo de pronóstico meteorológico. Decía así, refiriéndose a Franco: “Sopla un fresco general, procedente de Galicia, con tendencia a permanecer”. Lo entendían todos. ¿Qué vientos soplan en nuestra Patria, en las vísperas de sus grandes bicentenarios?

Tampoco dejan de percibirse miedos y temores para hablar en voz alta y con pensamiento propio acerca de la justicia y de los temas importantes del país. Conocí épocas tristes de Argentina donde era peligroso pensar y hablar de forma distinta al pensamiento único y al discurso oficial de turno. No lo deseo nuevamente para mi país ni para ningún otro país del mundo.

Algunas consideraciones sobre la justicia

El pleno estado de derecho y la correcta administración de justicia son el último resorte de la república y de la democracia, tanto para el simple ciudadano como para el Estado y las demás instituciones públicas y privadas. Se expresa en la “seguridad jurídica”, tan necesaria para trabajar, comerciar, educar, crecer, gobernar. En definitiva, esa seguridad es necesaria para vivir con el mínimo de dignidad que posee toda persona.

Hacia fines de los años ochenta, la Iglesia en Argentina planteaba a la sociedad la urgente necesidad de avanzar hacia una “justicia demasiado largamente esperada”. No se trata de una cuestión meramente política o de conveniencia partidista, sino que la justicia toca profundamente al bien de cada persona, de cada habitante, de cada ciudadano. En 1997, fue necesario volver a recordar que la dignidad del hombre y la calidad de vida de una Nación están reflejadas en gran medida por el nivel de justicia en que vive cada ciudadano y en la rectitud de su administración por los Poderes del Estado, comenzando por el dictado de leyes justas y su correcta aplicación.

La falta de justicia o una justicia deteriorada afecta especialmente al sector más pobre de la población y a los excluidos del sistema social, a aquellos que tienen y pueden menos, a los ancianos y a los niños, a los más enfermos y sufrientes. Pero igualmente daña a todo el tejido social. Por algo nuestra Constitución nacional establece imperativamente el compromiso de “afianzar la justicia” para todo el pueblo argentino y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el país.

También la Constitución de San Juan compromete a fortalecer la democracia participativa, protege el disenso y el pluralismo de los ciudadanos, establece la modernización y capacitación de la justicia para rechazar toda forma de autoritarismo en un marco de libertad, igualdad, bienestar general y pleno respeto por la familia y los derechos humanos. No creo que estas palabras sean meramente declamatorias, sino que expresan un profundo anhelo de todos.

Además, en una visión trascendente de la vida, de la persona y de su inalienable dignidad, la justicia humana intenta1 expresar, lo más adecuadamente posible, esa dimensión de la justicia divina que es como un supremo punto de referencia para toda ley humana, para todo acto de gobierno y para toda administración de justicia.

La Provincia de San Juan

San Juan no es ajena a las preocupaciones y a las inquietudes sobre la administración de justicia. No son cosas de ahora, aunque en cada momento afloren de modo diverso.

Por ejemplo, llama la atención la reacción que ha suscitado una reciente designación de empleados del poder judicial. No corresponde aquí entrar en la cuestión. Pero sirven para hacer varias lecturas. Una de ellas podría ser como el deseo de decir “basta” a lo que –sencillamente– “no puede ser”, aunque siempre se haya hecho así. Otra lectura permitiría pensar como en un “tiro por elevación” que expresa una grave preocupación ante una posible y cercana elección y designación de jueces provinciales.

Una de las cuestiones claves para la justicia (entendida como última instancia o baluarte de los derechos de la sociedad) es la calidad de los jueces y la transparencia de los procedimientos para su designación.

Respecto de los Consejos de la Magistratura, creo que el país y las provincias necesitan mejorar bastante. Mejorar la selección y la designación de jueces no es una utopía. Es posible avanzar en la dirección correcta, aunque estemos en la Argentina del 2009. Es posible una mirada más clara y más amplia que permita avanzar en la dirección correcta y sumar al bien de todos. Que nos permita la profunda satisfacción de dar un paso de auténtica calidad institucional. San Juan y su gente se lo merecen, para que así ganemos todos, no solamente algunos.

Creo que todo ciudadano honesto desea y espera vivamente que los candidatos seleccionados para la magistratura sean juristas comprometido con el bien, la verdad y la justicia y, por tanto, capaces de administrarla correctamente. Se les pide que sean muy buenos conocedores del derecho, con una trayectoria impecable de estudio, de servicio y de rectitud profesional. También necesitan tener una gran probidad moral, que incluye ejemplaridad, ecuanimidad y la ponderación como persona y como ciudadano, en plena sintonía con la majestad de la justicia.

Los jueces deben ser verdaderamente independientes en sus juicios, independencia garantizada por la ecuanimidad del procedimiento de su designación, y también en su proceder como magistrados: más amigos de la verdad y de la justicia que de sus amigos, de los parientes y de cualquier poder político, económico o de parte. Por algo a la justicia se la representa con una venda en los ojos, aunque a veces se la aflojemos para que no sea tan independiente.

También debe garantizarse al juez la inamovilidad en el cargo, de manera tal que no pueda ser removido por el contenido de sus sentencias, sino sólo por su mal proceder como juez. Debe tener estabilidad económica tal como lo garantiza la constitución y disponer de los colaboradores idóneos y de medios necesarios para realizar su misión.

Si de verdad queremos que los jueces sean siempre los juristas más idóneos y más capacitados para cada fuero específico, esas cualidades deben poder ser cuidadosamente evaluadas y ponderadas del modo más objetivo y transparentemente posible.

En San Juan, la constitución establece la existencia de un Consejo de la Magistratura para evaluar esa calidad profesional y ciudadana de los candidatos a jueces. La ley 5594, del año 1986, concretó algunas normas y parámetros mínimos de funcionamiento.

En el año 2003, diecisiete años después, la ley 7371 avanzó varios pasos hacia una mayor calidad y transparencia en la selección de los candidatos a presentar a la Cámara de Diputados. Creó una expectativa de esperanza en mejorar la calidad institucional de la justicia. Sin embargo, al poco tiempo de ese avance positivo, la mejora en la selección de jueces sufrió un fuerte retroceso debido a sanción de la Ley de Emergencia Pública, número 7459, que trata de la emergencia financiera, económica, administrativa, alimentaria y sanitaria de la provincia. Sorpresivamente esta ley de emergencia, sin mayor preámbulo, explicación o fundamento, “suspendió” por 180 días (mencionándola sólo por el número) la ley 7371 de pocos meses atrás que mejoraba la actuación del Consejo de la Magistratura.

En el año 2005, dos años después, la ley 7590 volvió a suspender nuevamente ley sobre el Consejo de la Magistratura hasta tanto se sancione un nuevo instrumento normativo, a propuesta del Consejo Permanente de los Servicios de Justicia y Seguridad (COPERJUS), creado por Decreto en 2004. El motivo parecería ser que la ley necesitaba de una leve corrección o ajuste técnico en alguno de sus artículos. Todavía no se ha cumplido con lo sancionado hace 4 años respecto del Consejo de la Magistratura, pero parecería que es posible subsanar ese problema técnico y volver a su correcta vigencia.

Otro tema sería la situación de emergencia permanente en que nos encontramos desde 2003, aunque podríamos remontarnos de emergencia en emergencia por varias décadas. Cabe preguntarnos si alguna vez volveremos a la "normal normalidad" de llegar a ser ciudadanos de un país normal y de una provincia normal.

Aunque no soy experto en reglamentos de los Consejos de la Magistratura, percibo que el actual reglamento que rigen su organización y funcionamiento es tan escueto y sintético que parecería que se puede espera una mejor reglamentación que asegure mejor los fundamentos más importantes para la selección y designación de jueces. El Foro de Abogados dice haber elevado alguna propuesta.

Una propuesta

Daría la impresión que a los argentinos nos gusta enredarnos y vivir de emergencia en emergencia. También parecería que lo nuestro es ser “perdedores” natos. Hasta cuando ganamos y conseguimos clasificarnos para el Mundial de fútbol, terminamos perdiendo al quedar en ridículo ante el mundo, como ha ocurrido recientemente.

A lo más, nos encanta el resultado de “suma cero”, que es otra forma tonta y grosera de perder. Quiero ganar yo y que pierda el otro. Y si no gano yo, hago lo posible para que no gane ninguno, que perdamos y nos arruinemos todos. Y si llego a perder, inmediatamente voy detrás de la revancha y la venganza, hasta destruir al contrario. Así seguimos perdiendo todos. Y se pierde la posibilidad de construir un país normal donde todos puedan crecer y desarrollarse y donde dé gusto vivir. Otros países lo supieron hacer bien. ¿Podríamos aprender de ellos?

San Juan tiene una posibilidad real de que ganen todos, fortaleciendo el mejoramiento de la administración de justicia. Tiene la posibilidad de que gane el gobierno y los que ahora no gobiernan, de que gane la empresa y el trabajador, el rico y el pobre, que gane toda la provincia y, de paso, ayudar a que gane el país.

¿Qué pasos podríamos y deberíamos dar para mejorar la selección de los jueces con una mejor equidad, transparencia e independencia? De este modo, quienes deban decidir podrán optar por los mejores, fortaleciendo la majestad, la independencia y la administración de la justicia. Si en vez de sacarnos los ojos castigándonos y echándonos culpas y más culpas, optáramos por sumar nuestras experiencias y nuestras propuestas sinceras para dar auténticos pasos de mejoramiento institucional de la justicia, estaríamos ganando todos y estaría ganado San Juan, que puede y debe seguir creciendo mucho, también en este ámbito tan importante. Es tarea para quienes tengan convicciones democráticas y mentalidad de estadistas, que entienden y valoran la “calidad institucional” como parte de una acción política cuyo objetivo será el bien de todos.

Dios quiera que los participantes en estos paneles puedan hacer aportes positivos y sumar al bien de la Provincia. Creo que vale la pena intentarlo, en un clima de respeto, de diálogo constructivo, de responsabilidad cívica y de compromiso con la justicia. Podría ser un excelente homenaje a los grandes bicentenarios de la Patria. Que Dios bendiga y acompañe siempre a quienes trabajan por la paz y por la justicia.

Mons. Alfonso Delgado, arzobispo de San Juan de Cuyo


Publicado por verdenaranja @ 23:13  | Hablan los obispos
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