Lunes, 21 de mayo de 2012

Reflexión semanal de monseñor Héctor Aguer, arzobispo deLa Plata, en el programa «Claves para un mundo mejor» (28 de abril de 2012) (AICA)

EL ROL DEL ESTADO Y EL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD              

La intervención del Estado en la actividad económica de un país es uno de los temas clásicos de estudio o de discusión cuando se habla de la política económica o de un régimen político en una sociedad determinada.

Y sobre estola Doctrina Socialdela Iglesiatiene una posición muy clara enunciada desde los orígenes de la formulación moderna -pienso enla Encíclica“Rerum Novarum”, de León XIII, en 1891- y que se ha ido desarrollando a lo largo de los años por obra de los Pontífices posteriores.

La Doctrina Socialdela Iglesiareconoce el derecho del Estado a intervenir en la actividad económica, por ejemplo, cuando situaciones monopólicas ponen obstáculos al desarrollo o bien en circunstancias extraordinarias en las que al Estado le corresponde tener una función de suplencia precisamente en orden al bien común.

Así mismola Doctrina Socialdela Iglesiareconoce que estas intervenciones deben ser limitadas en su extensión y en su profundidad, para no cohibir la libertad de asociación y la libertad de actividad económica de los particulares, de las empresas o de los distintos grupos que integran la sociedad.

Esto se ilumina por el principio que se llama de subsidiariedad, que significa que el Estado no debe intervenir cuando las organizaciones intermedias y las personas, es decir las instancias menores o inferiores en el orden social, pueden realizar su cometido por su cuenta y cumplir con sus obligaciones en orden al bien común. En cambio sí debe intervenir cuando esto falla.

Aquí se observa la cuestión clásica de evitar dos extremos: por un lado el extremo de una libertad absoluta, en que el Estado no tiene ningún papel o  resulta absolutamente raquítico y no puede tutelar ya el bien común, y por otro lado, un Estado que se entromete cuando no corresponde, donde no debe y que asfixia la actividad de las instancias inferiores, de las personas y de las organizaciones.

Es decir, estamos entre un liberalismo absoluto y, lo que podríamos decir, un intervencionismo que ya es el colectivismo o el totalitarismo.

Ahora bien, Juan Pablo II ha hecho indicaciones muy precisas, más de detalle, acerca de que características, que circunstancias, que ambientación debe tener la intervención del Estado en la actividad económica. A ese propósito quiero leerles un párrafo dela Encíclica“Centesimus Annus” que el Papa publicó en 1991, precisamente para conmemorar el centenario de la “Rerum Novarum” de León XIII. El texto se refiere al modo de aplicación del principio de subsidiariedad y habla acerca de la actividad económica, en particular de la economía de mercado, que no puede desenvolverse en medio de un vacío institucional, jurídico y político sino que supone una seguridad que garantiza –dice- la libertad individual y la propiedad, además de un sistema monetario estable y servicios públicos eficientes. “La primera incumbencia del Estado es, pues, la de garantizar esa seguridad de manera que quien trabaja y produce pueda gozar de los frutos de su trabajo y, por tanto, se sienta estimulado a realizarlo eficiente y honestamente. La falta de seguridad junto con la corrupción de los poderes públicos y la proliferación de fuentes impropias de enriquecimiento y de beneficios fáciles basados en actividades ilegales o puramente especulativas es uno de los obstáculos principales para el desarrollo y para el orden económico”.

Quiere decir que la intervención del Estado se justifica en muchas circunstancias pero tiene que haber un contexto jurídico serio, firme, seguro, reglas claras de juego y además tiene que aventarse esa posibilidad siempre latente de la corrupción, del enriquecimiento ilícito o de la búsqueda fácil de beneficios. En suma aquello que no solo significa un obstáculo concreto al desarrollo sino, en definitiva, significa la burla del bien común.

Entonces, el problema es cuando el Estado pierde su jerarquía, cuando el estado queda como colonizado por algunos particulares. Tampoco se debe confundir el Estado con el Gobierno. El Estado es en todo caso la representación pública, jurídica, política de una comunidad y tiene que cumplir con seriedad, con solemnidad –diría yo- su función. Por eso también se requiere un respeto de esa instancia cuando ese respeto es merecido. Es decir, cuando hay una continuidad de seguridad jurídica, de intervención limitada, siempre buscando el bien común y cuando, además, la actividad del Estado tiende a suscitar una intensa participación de toda la sociedad.

Se comprende esto en una concepción orgánica de la sociedad en la que el individuo no queda aislado frente a un Estado poderoso sino que tiene instancias de participación, se inserta en la familia, en distintas agrupaciones profesionales de distinta índole de tal manera que el conjunto asegura la libertad y, al mismo tiempo, la búsqueda sincera y concorde del bien común. 

Mons. Héctor Aguer, arzobispo deLa Plata 


Publicado por verdenaranja @ 23:36  | Hablan los obispos
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